Ley de Dependencia
Hace más de tres años que entró en vigor la norma que inaugura el derecho social de todos los ciudadanos a ser atendidos por el Estado cuando no puedan hacerlo por sí mismos y, sin embargo, la Ley de Dependencia sigue salpicada por las irregularidades.
La agencia de calificación Fitch destacaba recientemente que no sólo faltan recursos para desplegar adecuadamente las prestaciones, sino que los criterios de evaluación de los usuarios no son homogéneos en todo el territorio, lo que da vía libre a las desigualdades.
La agencia de calificación de políticas públicas, que depende directamente de Presidencia, es consciente de esta grieta y de otras muchas. En particular, investiga el uso “contrario a la ley” en lo referido a la financiación.
El organismo público sospecha que las regiones están sesgando la evaluación de los enfermos para poder recibir más recursos del Estado.
Sólo así se explica que haya un desfase de hasta el 280%, como es el caso de Andalucía, entre el número de enfermos reconocidos como de máxima gravedad (Grado III) y los que en su día previeron las estimaciones oficiales.
Por si fuera poco, las comunidades están dilatando hasta en 12 meses el tiempo para reconocer a un dependiente como tal, frente a los seis meses de tope que marca la ley.
Durante este lapso, las asociaciones denuncian que algunos potenciales beneficiarios del sistema de protección llegan incluso a fallecer.
Fuente : expansion.com
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