Pueden acceder a las prestaciones de las que gozan el resto de los trabajadores, como la incapacidad permanente o la jubilación.
La Junta vuelve a quejarse de que aporta más de lo que debería para el desarrollo de la norma estatal
EN CIFRAS
5.448 solicitudes se han presentado en la provincia para el reconocimiento de la dependencia
5.189 segovianos tienen la acreditación pertinente contemplada en la Ley de Dependencia
3.998 ciudadanos de la provincia pueden, a día de hoy, acceder a algún servicio o prestación
3.664 residentes en Segovia ya han recibido en la actualidad una ayuda incluida en la legislación
1.595 personas han escogido la ayuda económica para la atención en el domicilio
741 beneficiarios segovianos han optado la atención residencial
277 dependientes en la provincia disfrutan de ayuda a domicilio
179 beneficiarios han obtenido la prestación de estancia en un centro de día
85 segovianos dependientes reciben actualmente la prestación de teleasistencia.
La retribución al cuidador familiar «trata de saldar una deuda histórica con estas mujeres». La por entonces secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia e Igualdad de Oportunidades, Amparo Valcarce, justificaba así, hace más de tres años, la compensación económica de este esfuerzo como una de las políticas incluidas en la Ley de Dependencia, considerada uno de los pilares del Estado del Bienestar según el Gobierno socialista que puso a andar esta normativa.
Ahora, el anuncio de reajuste económico realizado hace unos días por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha colocado un palo en la rueda de su aplicación, tal y como piensan los representantes de las asociaciones dedicadas a la acción social, que rechazan de plano las intenciones del Ejecutivo español de suprimir los efectos retroactivos de las prestaciones económicas que contempla la ley.
Lo cierto es que el desarrollo del que se ha dado en llamar Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia ha estado siempre marcado por las diferencias entre la Administración central y la regional a la hora de concretar y financiar las ayudas, contempladas en la normativa que entró en vigor en enero del 2007.
Los desencuentros han sido el pan nuestro de cada día. Hace dos años, la Tesorería de la Seguridad Social poco menos que acusaba a la Junta de Castilla y León de impedir el alta de los cuidadores familiares. En el último trimestre del 2008, sólo una treintena de tutores no profesionales de Segovia cobraban esa retribución 'salarial'. Por aquel entonces, la recompensa económica a esta nueva figura instaurada y regulada por la legislación era prácticamente residual.
Mayoría de familiares
Como era de esperar, aunque únicamente fuera por el mero paso del tiempo y la experiencia adquirida, el panorama ha mejorado de manera sensible. Los últimos datos que maneja la Administración General del Estado, correspondientes al 1 del pasado abril, reflejan que, en la provincia, 387 cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia están suscritos en el convenio especial de la Seguridad Social dentro del Régimen General. En el cómputo autonómico, hay registrados 6.250 tutores adscritos a esta política.
Los beneficiarios de esta línea de apoyos incluida en la Ley de Dependencia son, en su inmensa mayoría, familiares o gente del entorno de esos pacientes que no pueden valerse por sí mismos y que reciben la atención pertinente de manos de estos tutores. En concreto, tal y como recoge la normativa, el convenio especial para los cuidadores no profesionales integra a los cónyuges del usuario de la prestación por dependencia, así como parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado de parentesco.
El alta en el sistema de la Seguridad Social permite a los cuidadores no profesionales cotizar y alcanzar prestaciones de las que pueden disfrutar habitualmente el resto de trabajadores, como por ejemplo, la jubilación o la incapacidad permanente.
Asimismo, les abre las puertas a programas de formación.
De hecho, el Gobierno central ya ha anunciado la creación de un título de grado medio para personas que carezcan de la instrucción y conocimientos necesarios pero que acrediten experiencia en el cuidado de personas dependientes. Esta titulación servirá para optar a puestos de trabajo que genera la aplicación de la Ley de Dependencia.
La Junta de Castilla y León presume de que, a pesar de la exigua colaboración presupuestaria que percibe del Estado, el índice de cumplimiento de la normativa y la cobertura lograda en la aplicación de las prestaciones y servicios son más que satisfactorias.
Descompensado
Los buenos resultados no llegan a compensar los lamentos que recientemente ha reiterado el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, quien ha vuelto a quejarse de la falta de financiación procedente del Estado para el desarrollo de la Ley de Dependencia.
El titular autonómico ha estimado entre 545 y 601,8 millones de euros el coste que tendrá la atención en Castilla y León a lo largo de este año. De este desembolso, la Administración central deberá aportar, según sus cálculos, entre 99,1 y 109,3 millones y la Junta, entre 335,4 y 370,5 millones de euros. Los beneficiarios sumarán el resto.
El máximo responsable regional ha vuelto a asegurar que, aunque la financiación debería ser al 50% entre el Ejecutivo autonómico y el central, la comunidad «siempre ha hecho una aportación muy superior a la que corresponde» por el incumplimiento estatal.
Para avivar aún más la polémica política, un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales revela desequilibrios en las aportaciones realizadas por las diferentes comunidades autónomas. Este trabajo apunta que hay un grupo de regiones, entre las que se cita a Castilla y León, que pueden verse perjudicadas por destinar un gasto sensiblemente mayor al que desembolsa el Estado para el sostenimiento del sistema para la autonomía personal.
Hay que tener en cuenta que el coste medio por persona dependiente en España se situaría en 9.250 euros, según los datos de este informe elaborado por profesionales del sector. Si el promedio del copago cada ejercicio (lo que aportan los usuarios) es de 1.650 euros, los 7.600 euros restantes se tendrían que repartir entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, es decir, en torno a 3.800 euros cada una de las administraciones.
Demoras de hasta dos años
A nadie se le escapa que, además de los rifirrafes presupuestarios, la aplicación de la Ley de Dependencia ha estado lastrada por el exceso de burocracia y de papeleo, que ha desencadenado indeseables retrasos en la percepción de la ayuda solicitada, como ha denunciado Unión General de Trabajadores (UGT) en Segovia. Los portavoces del sindicato hablaban con cocimiento de causa, ya que sus asesores han atendido casos de demoras en la concesión del servicio demandado que se han extendido hasta dos años.
A 3 de mayo, en Segovia se habían presentado 5.448 solicitudes para acceder a alguno de los beneficios que contempla la legislación.
Fuente : nortecastilla.es
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