Las autonomías se quejan de falta de fondos para aplicar la norma y los empresarios del sector denuncian un incumplimiento casi total
La mayoría de los dependientes ha logrado dinero del Estado y nada más.
Pocos dudan de que la Ley de Dependencia es una de las mejores iniciativas de la pasada legislatura socialista. De hecho, el solo nombre completo de la norma, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia, resulta tan impecable y necesario en un pretendido Estado del Bienestar que apenas cabe ponerle reparos.
Todo ello, claro está, si se considera la cuestión en abstracto.
Porque la realidad, como suele ocurrir en casi todas las iniciativas pensadas como mero gesto electoral, dista mucho de ser no ya idílica, sino siquiera aceptable.
De hecho, las regiones y ayuntamientos, sobre quienes recaen la mayoría de obligaciones recogidas en la norma no tienen dotación presupuestaria para aplicarla, lo que convierte a la ley en un cascarón vacío.
Y no son solo las administraciones quienes se quejan de la falta de implementación real, sino también los profesionales del sector de la dependencia.
A través de su Fundación Instituto Edad y Vida, una plataforma que reúne a muchas de las empresas del ramo, lamentaban hace algunos días de que la norma «no ha cumplido con las expectativas», ya que «se han desvirtuado sus principios rectores hasta convertir una ley prestadora de servicios en una ley de subsidios».
Asimismo, las compañías denuncian que tampoco se han cubierto las previsiones de creación de empleo, que el Gobierno cifró a bombo y platillo en unos 300.000 puestos de trabajo, ya que apenas se ha generado una tercera parte y, en el 90 por ciento de los casos, se trata de cuidadores familiares.
Tras tres años de vigencia, el director de Edad y Vida, Albert Vergés, sostiene que, frente al espíritu con el que nació la ley, de prestación de servicios a través de un catálogo de atención a la dependencia en todas sus variables, es decir, la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y las residencias, lo abunda en toda España son las ayudas económicas para familiares, un capítulo que se contemplaba como «excepción», pero que se ha convertido en «norma».
«Si a ello se le une un marco jurídico que no define claramente cuáles son las reglas del juego, tanto en acreditación como en copago, el resultado es una incertidumbre en la iniciativa privada y su inversión», explicaba Vergés antes de detallar que la norma preveía una media de copago del 33 por ciento, pero «en ni una sola autonomía se supera el 8 por ciento».
El representante de los empresarios lamentaba pues el «excesivo» protagonismo de la prestación económica para el cuidado del dependiente por parte de familiares, una fórmula que está creando una «bolsa de empleo sumergido que no tiene ningún tipo de retorno a la sociedad» al tratarse de personas que no cotizan.
Además, Vergés argumentaba que, en el actual contexto de crisis, esta práctica se ha agravado, porque la ayuda «se destina a otras muchas cosas que no son el cuidado del dependiente», lo que ha contribuido a que no se genere la confianza para cimentar uno de los principios básicos de la ley: la creación de una red de atención pública con la colaboración de la iniciativa privada.
Como remedio, reclamó que se defina «claramente» el concepto de excepcionalidad, es decir, cuáles son los elementos básicos que debe reunir un cuidador para atender cada grado y nivel de dependencia y que, además, se tenga en cuenta su edad, ya que «no puede ser que alguien de 80 años sea atendido por una persona de la misma edad».
No sin cierto egoísmo, Vergés insistió en que el «mejor apoyo» es la prestación de servicios de carácter profesional y llamó la atención sobre el hecho de que hay un importante porcentaje de plazas vacías en las residencias, que no se ocupan, tanto por esta razón como porque, con la crisis, el nivel de concertación con la Administración ha caído».
Como colofón, denunció que el Estado solo les abona entre el 10 y el 15 por ciento del coste real, lo cual es «inasumible». En tal sentido, razonó que el Gobierno debe de ser «más valiente y no tener tanto miedo a la respuesta electoral» respecto a una ley «que se ha vendido muy mal, porque se garantizo que se cubrirían todas las necesidades y eso no es posible».
«Hay que decir la verdad, el ciudadano sabe que si el sistema no da para más, tendrá que buscar fórmulas diferentes», enfatizó antes de apelar a la responsabilidad de cada español, que debe entender que el Estado del Bienestar «no es infinito».
Fuente : diariodeburgos.es
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