EL ENREDO DE LA LEY

El enredo de la Ley de Dependencia

El recorte anunciado por Zapatero, último golpe a una norma de compleja aplicación

La ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, del ministerio de Sanidad, publicada en el BOE del 15 de diciembre de 2006 y conocida como Ley de Dependencia, era uno de los proyectos estrella de Zapatero. Pero los problemas con que ha chocado su aplicación la han convertido en un enredo.

Inicialmente, se criticó al Gobierno español por promulgar esta ley sin la dotación financiera correspondiente y dejando la mayor parte de su aplicación en manos de las comunidades autónomas.

Esa situación provocó que algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, y otras, realizasen una aplicación muy cuestionable de esta ley, que en algunos casos llegó prácticamente el boicot.

Otro problema fue la complejidad burocrática de los mecanismos para que los ciudadanos pudieran acogerse a esta ley, lo que ha originado una tramitación larga y muy compleja, que ha repercutido negativamente en su aplicación.

También hay que tener en cuenta los conflictos provocados por las quejas autonómicas en el sentido de que la Ley de la Dependencia invade las competencias de algunas comunidades en derechos sociales.

Y, finalmente, la Ley de Dependencia se ha visto también afectada por el paquete de medidas de recorte anunciado por el presidente Zapatero, con el objetivo de acelerar la reducción del volumen del déficit público español.

El recorte consiste en la eliminación de la retroactividad, es decir, una vez que entre en vigor la nueva norma, se suprimirá el pago de la cantidad pendiente desde que se hizo la petición. Los derechos de retroactividad que ya se hayan generado podrán pagarse en un plazo máximo de cinco años. De todas formas, la reforma establecerá un tiempo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha declarado al respecto que esta medida supondrá un ahorro para el ministerio de 600 millones, y el aplazamiento del pago de las prestaciones se valora en 431 millones de euros.

Fuente : sociedad.e-noticies.es