¿Paralizar la Ley de Dependencia? No, gracias
María Eugenia Pérez Parra. Secretaria de Políticas de Protección Social de UGT Región de Murcia
Es curioso pero en las últimas semanas, la denominada Ley de Dependencia está ocupando la atención, y no porque coseche grandes avances en el ámbito social, sino porque en estos momentos de crisis económica, el Gobierno estatal ha decidido recortar gastos sumándose a recientes reclamos de algunas Comunidades autónomas, que pidieron retrasar su implantación justificándose en una insuficiencia financiera.
La Comunidad de Murcia es una de ellas.
No deja de ser llamativo que una comunidad como la nuestra, tres años después de la entrada en vigor de la Ley todavía no haya promulgado normativa de fondo alguna para su desarrollo, mostrando un claro desdén hacia lo que constituye un derecho subjetivo de la ciudadanía.
Esta Ley no sólo garantiza un nuevo derecho para todos, sino que también contempla garantías de dignificación sobre los servicios de calidad, el carácter público de las prestaciones y el acceso a éstas en condiciones de igualdad, calidad y sostenibilidad.
Así que difícilmente podemos entender que se recurra siempre a la misma víctima ante cualquier propuesta de ajuste económico o elemento de confrontación política, y más cuando en la Región apenas despega su desarrollo.
Desde UGT observamos claramente algunos indicadores que reflejan la falta de voluntad institucional para implantar la Ley en la Región, desde la deficiente coordinación y colaboración con las redes de servicios sociales municipales hasta la excesiva dilatación de los procedimientos, que ha dado lugar, entre otras cosas, a que más de 4.000 murcianos dependientes hayan fallecido esperándola.
Y esperando también nos encontramos ahora, para saber cuando pasarán por Consejo de Gobierno y cuando verán la luz los actuales tres borradores de proyectos de decretos que desarrollan materias de tanta importancia como el régimen de compatibilidad de las prestaciones, la intensidad de protección de los servicios, y el derecho a los servicios y prestaciones económicas.
Y es, en este último punto, donde de manera deliberada se está actuando a espaldas de la ley: existe la obligación legal para las Administraciones de crear una red de servicios para atender a dependientes, y excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar y se reúnan las condiciones establecidas (condiciones adecuadas de convivencia, habitabilidad de la vivienda y lo establezca su Programa Individual de Atención), se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares.
Pues bien, en la Región de Murcia, a fecha 3 de mayo de 2010, reciben prestación económica por cuidados de familiares 15.106 personas de las 17.028 personas beneficiarias con prestaciones, es decir que un 88% son prestaciones económicas, por lo que se convierte esta ayuda económica en la mas otorgada por nuestra Región. Este dato pone de manifiesto que el Gobierno regional da prioridad a esta prestación en vez de activar y desarrollar nuevos servicios y poder así crear nuevos empleos.
El ahorro está garantizado para la Administración regional, pues es más barato dar una prestación que crear, a modo de ejemplo, una plaza geriátrica, que triplicaría el gasto. Y es que esta prestación, que oscila en torno a 519 euros, está dando lugar a que en miles de hogares se tome como un subsidio económico para el seno familiar en estos momentos de crisis, desvirtuando así la finalidad de la prestación y fomentando formas de empleo sumergido.
Pero a esto, también añadir nuestro rechazo rotundo a los recortes sociales anunciados por el Gobierno de la nación, lamentando en este caso que una de las medidas significativas de este plan de ahorro del gasto se centre en un sistema de protección social tan básico como es la atención a la dependencia.
En UGT estamos convencidos de que, con la correcta implantación de la Ley de Dependencia no sólo se estaría dando respuesta a una exigencia de nuestro Estado de Bienestar como es la atención a nuestros mayores, personas con discapacidad y otros colectivos sino que además se estaría potenciando un sector productivo estratégico, con perspectivas de futuro en el mercado de trabajo.
Para los que conformamos UGT, creemos necesario que en la mentalidad de nuestros políticos tenga cabida de una vez la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, como un derecho subjetivo básico, al mismo nivel que la educación o la sanidad, ya que no puede estar supeditado ni a los vaivenes de los ciclos económicos ni a los intereses partidistas.
Fuente : laopiniondemurcia.es
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