CATALUÑA - LOS MUNICIPIOS ALERTAN DEL COLAPSO DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Los municipios alertan del colapso de la atención a la dependencia

El recorte económico del Gobierno a la prestación retroactiva añade presión a los servicios sociales

La entrada de nuevos usuarios el 2011 amenaza con hacer inviable la cobertura eficaz de los casos

Una nueva amenaza se cierne sobre la discutidísima aplicación de la ley de dependencia. La decisión del Gobierno de eliminar el pago retroactivo a los beneficiarios de esta prestación no ha hecho sino añadir confusión al despliegue de una ley que, según denuncian numerosos ayuntamientos ya desde antes del tijeretazo social, corre un serio riesgo: el colapso de los servicios sociales municipales.

Desde Tortosa a Granollers, de Badalona a Lleida, de Mataró a Girona, o desde Tarragona a Sabadell o a Sant Cugat, son numerosos los municipios que alertan de que sus trabajadoras sociales tienen que atender, cada una, volúmenes de expedientes que superan en algunos casos los 300.

Una carga que, advierten, puede convertirse en absolutamente insalvable el año que viene cuando las personas con un grado de dependencia leve, definida con el grado 1, adquieran también derecho a la ayuda.

Más de 17.000 ciudadanos evaluados ya cumplen estos requisitos, pero la cifra puede crecer con la entrada de nuevas peticiones.
La preocupación municipal contrasta con la opinión del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, cuya titular, Trinidad Jiménez, sostiene que la anulación de la retroactividad agilizará el sistema y ayudará a desencallar expedientes.

SIN VARITAS MÁGICAS
En un reciente encuentro sobre dependencia entre representantes municipales y de la Generalitat, celebrado antes del tijeretazo, la coordinadora de atención a la dependencia de Badalona, Carmen Bou, fue una de las que lanzó la voz de alarma: «Cuando cada técnico tiene en las manos más de 300 casos y siguen entrando nuevos, la carga se hace insoportable; las incidencias y las primeras visitas a los demandantes se comen a los profesionales.
Si alguien tiene la varita mágica, que lo diga». Una representante de Santa Coloma de Gramenet añadió: «Esto empeorará, y ya llevamos la mochila demasiado llena».

El responsable de políticas sociales del Ayuntamiento de Girona, Joan Oloriz, secunda la alarma: «Si no mejoramos los sistemas informáticos y los compartimos, si no se aumenta la proporción de profesionales y no se introducen otras mejoras en el sistema, puede llegar el colapso», informa Ferran Cosculluela. «Nuestras trabajadoras van sobrecargadas, y cuando lleguen los casos del grado 1 no sé qué pasará», admite la responsble de acción social de Tortosa, Anna Algueró.

FALTA PERSONAL
La mayoría de ayuntamientos cuenta con equipos especializados exclusivamente en la aplicación de esta ley. Pero no basta. La responsable de servicios ciudadanos de Sant Cugat, Carmela Fortuny, lo ha plasmado en un informe interno: «La incorporación del grado 1 de dependencia comportará un incremento importante de las cargas de trabajo de los servicios sociales que, con los medios actuales, será imposible asumir».

La consejera delegada de servicios a las personas del Ayuntamiento de Tarragona, Victòria Pelegrín, admite que en función del volumen de trabajo adicional el consistorio quizá se verá obligado a hacer una reestructuración económica y organizativa. «Es necesaria una aportación del Gobierno autonómico o del central para poder asumir los incrementos de la atención domiciliaria que pueden tensionar aún más el sistema», opina Mariví Orta, concejal de servicios sociales de Terrassa.

LA CRISIS AÑADE PRESIÓN
Y es que hoy la aplicación de la ley ya obliga a los ayuntamientos a dar prioridad a determinados servicios. Por ejemplo, Badalona empieza ahora a poder hacer el seguimiento que la ley obliga a ejercer sobre los casos ya asignados.
A esto se le añade que la crisis económica y el paro han incrementado notablemente las demandas ciudadanas a sus municipios. Solo el año pasado, el crecimiento fue del 35%, según datos de la Generalitat. «La crisis nos acaba de matar, tenemos que pararlo todo a menudo para dar cobertura a los que llaman a la puerta por todo tipo de problemas», argumenta la concejal de bienestar social de Granollers, Maria del Mar Sánchez.

También hay consistorios más optimistas, como Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat. Estos sostienen que los nuevos casos serán más fáciles de evaluar. Ricard Gomà, segundo teniente de alcalde de Barcelona, se muestra «preocupado, pero también confiado en la capacidad de responder al reto». Gomà reconoce que Barcelona acumula 10.000 casos pendientes, que se tramitan en un periodo de entre seis meses y un año. «Esperamos haber absorbido la cola de casos a finales de este año », pronostica Gomà.

Y es que, como dice la responsable del área social de Reus, Rosa Garrido, la atención a la dependencia supone «abrir una puerta que ya nunca se cierra».

Fuente : elperiodico.com