La crisis y los efectos imprevistos de la Ley de Dependencia frenan los proyectos de las grandes empresas del sector en la provincia
La Ley de Dependencia, en vigor desde el 1 de enero de 2007, despertó grandes expectativas en el sector de los centros geriátricos en España y también en la provincia de Málaga en particular, donde además existía una demanda añadida por parte de los jubilados extranjeros que acudían en busca de un retiro soleado. Sin embargo, la realidad a día de hoy es bien distinta.
Buena parte de los proyectos que surgieron al calor de esas previsiones se han quedado por el camino.
«La gente está optando cada vez más por tener a su familiar en casa y así poder ahorrarse lo que le cuesta la plaza en un residencia», apuntan fuentes del sector.
Un recorrido por las diferentes residencias de mayores de la provincia confirma que los niveles de ocupación han caído respecto a hace sólo un año, y como media están ahora al 80%. Ésta es la estimación que hace la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Málaga (Artema), que agrupa a medio centenar de centros con unas 2.000 plazas en total.
«La Ley de la Dependencia generó muchas expectativas que no se han cumplido, y además se está exigiendo un esfuerzo extra de reformas e inversiones para conseguir las acreditaciones oficiales de la Junta de Andalucía, lo que nos está haciendo perder mucha rentabilidad y que no nos salgan las cuentas», se queja el presidente de Artema, José María Escobar.
Como ejemplo, uno de los escasos proyectos de geriátricos que se ha puesto en marcha este año en la provincia, la residencia Sanysol de Vélez-Málaga –impulsada por una empresa familiar local–, inició su andadura a mediados de este mes con sólo diez de sus 144 plazas cubiertas.
No obstante, la cifra es considerada «adecuada» para el momento de crisis que vivimos por el director del centro, Miguel Muñoz. «Es un concepto de residencia totalmente distinto, destinado principalmente a la población extranjera», comenta el responsable de este nuevo centro, que de momento no ha optado por concertar plazas con la Junta de Andalucía
Déficit en la Axarquía
«Esperamos que de aquí a un año podamos tener la mayor parte de nuestras plazas cubiertas», augura Muñoz, quien explica que la nueva residencia ha supuesto una inversión cercana a los diez millones de euros. El déficit histórico de plazas en residencias geriátricas de la Costa del Sol Oriental explica que sea precisamente en esta zona de la Axarquía donde se han inaugurado en los últimos años el mayor número de centros.
Así, además de la mencionada residencia Sanysol, en Rincón de la Victoria el presidente de Artema está ultimando los trámites para iniciar la construcción de un centro con un centenar de camas en el que prevé invertir 4,5 millones de euros y que podría inaugurarse antes de finales de 2011.
En Torre del Mar inauguró hace un año el grupo malagueño Seniors su cuarto centro en la provincia –los demás están en Vélez-Málaga, Benalmádena y Marbella–, con el que suma ya un total de 650 plazas.
«Debido a la crisis, las familias están solicitando más ayudas económicas para cuidadoras en casa que plazas residenciales, por lo que la generación de empleo y la demanda de plazas para residencias no han cubierto las expectativas que tenía el sector», explican fuentes de Seniors.
A pesar de las dificultades, esta firma de capital malagueño trabaja ahora en la construcción de un quinto complejo en Ronda con 210 plazas, cuyas obras se prevé que comiencen antes de final de año. Además, está estudiando otros tres proyectos repartidos por Andalucía. «La crisis económica «esta expulsando del sector a inversionistas y promotores inmobiliarios no especialistas que habían realizado aventuras en un sector que requiere mucha profesionalización y una gestión muy especializada», opinan sus portavoces.
Mientras estas pequeñas cadenas locales de geriátricos siguen contemplando planes de expansión, las grandes empresas nacionales del sector dan marcha atrás. Es el caso del grupo catalán SAR, que cuenta actualmente con diez centros en Andalucía, de los que cinco están en Málaga (Alhaurín de la Torre, Estepona, Guaro y Benalmádena). Así, su nueva residencia SAR Montemar en Fuengirola, no tiene aún una fecha concreta de apertura, según reconocen fuentes de la firma.
«Sigue pendiente por parte de la Administración la adecuación de las tarifas al servicio real que se presta en los centros y también en función del grado de dependencia.
Actualmente, la Junta tiene establecida una tarifa única que es insuficiente y en la que no se establece diferenciación alguna por el grado de dependencia», argumentan desde el grupo SAR, al tiempo que apuestan por un mayor desarrollo de la normativa, con una tendencia hacia la especialización, mediante la creación de unidades especiales para enfermos de Alzhéimer, de cuidados paliativos o con trastornos de conducta. «Aún está por ver si se darán pasos en este sentido, sobre todo con la actual situación económica, que se deja notar en el sector», añaden.
En esta misma idea abunda el director de marketing del grupo Ballesol –propiedad en un 70% de Seguros Santa Lucía–, Francisco Javier Gamo. «La Ley de Dependencia se está aplicando de forma muy dispar en cada comunidad autónoma. Aquí en Andalucía se ha impuesto una cultura del subsidio, que convierte a la norma en una especie de PER encubierto», se lamenta. En sus tres centros de la capital Ballesol cuenta con 476 plazas, que tienen una ocupación media del 60% actualmente .
Otra de las firmas importantes del sector que ha rectificado sus planes de expansión en la provincia es la cordobesa Sanyres –propiedad de Prasa y CajaSur–, que hace tres meses cerró una de sus residencias en Marbella, donde también tenía acordado construir un tercer centro que iba a abrir en abril de 2011 y cuya construcción aún no ha comenzado. Además, Sanyres ha descartado construir un segundo centro en la capital, donde ya cuenta con uno en la barriada de El Limonar –que se suma a otros dos en Benalmádena y Puerto Banús–.
Sobre las críticas a las ayudas directas que se dan a las familias desde la Junta, la delegada provincial de Bienestar Social, Ana Navarro, recuerda que uno de los principios de la Ley de Dependencia era favorecer que los mayores «pasaran el mayor tiempo posible en su entorno». «Es una opción a la que voluntariamente se están acogiendo las familias», dice.
Fuente : sur.es
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