La tramitación de la ayuda tarda casi 10 meses por término medio
Los municipios alertan del colapso de la atención a la dependencia
Expertas en contención
El año europeo de lucha contra la pobreza se está convirtiendo, paradójicamente, en lo que acabará generando más. Los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, entre los que se incluyen los ancianos y las mujeres, son dos de los principales afectados por las medidas más controvertidas del plan antidéficit del Gobierno español.
Las medidas planteadas condenan a nuevos colectivos a situaciones de vulnerabilidad o exclusión.
No se habla de acciones para reducir el paro, se congelan pensiones que no llegan al salario mínimo interprofesional y la no retroactividad de la ley de la dependencia supone la negación de un derecho ya reconocido.
Además, la previsión de resolver las solicitudes de valoración del grado de la dependencia en un máximo de seis meses refleja una falta de realismo preocupante. Si ahora se está demorando un año y las administraciones locales ya están saturadas, ¿qué pasará en el 2011, cuando se amplíen las prestaciones a las personas con dependencia de grado 1?
La falta de previsión de los recursos necesarios, la mala planificación y los errores de cálculo por lo que respecta al volumen de personas que atender han provocado una desviación en las prestaciones y un cuello de botella en los servicios sociales que desvirtúan completamente el acierto de lo que fue un gran avance legislativo.
El Gobierno tenía que asumir la mitad del coste de las prestaciones, pero el grueso se ha trasladado a las autonomías sin contemplar los incrementos de presupuesto que serían necesarios para aplicarlas adecuadamente.
En lugar de desplegar los servicios residenciales previstos, las ayudas se están reconvirtiendo, en gran medida, en prestaciones económicas para los familiares cuidadores, que son mayoritariamente mujeres. Se calcula que el 70% de las labores de atención y cuidado de las personas dependientes se siguen realizando en el seno de la familia, lo que equivale a decir que no se está aprovechando el potencial de la ley como fuente de creación de empleo en un sector que requiere, fundamentalmente, un gran volumen de recursos humanos.
Si la gestión de esta ley recae en las administraciones locales, en este entorno resulta fundamental la participación del tercer sector social, que se define por estar junto a los que más lo necesitan y por intentar hacer realidad un discurso de colaboración y trabajo en red muy consensuado en la teoría, pero muy difícil de llevar a la práctica. Las entidades de acción social estamos optimizando, desde la proximidad, los escasos recursos disponibles, y potenciamos la relación con el sector público para responder mejor a las necesidades emergentes.
Pero no siempre tenemos la seguridad de poder seguir en nuestra labor; el recorte del Gobierno en políticas de migración es un ejemplo de las regresiones que la ponen en riesgo.
Hace 10 días, mientras en las Jornadas de Administración Local y Tercer Sector Social reinaba una gran sintonía y la Generalitat reconocía a las entidades como un «socio estratégico», la reducción drástica de la financiación a las organizaciones que gestionan los programas de formación ocupacional e inserción sociolaboral de Treball hacía saltar la alarma.
En el avance de las medidas con las que la Generalitat trasladará el plan antidéficit del Gobierno –e incluye un ahorro de 1.200 millones de euros por parte de las autonomías y los ayuntamientos–, el conseller Castells hacía referencia específica a la previsión de ajustes en las ayudas y subvenciones a los centros y entidades que prestan servicios públicos.
La reducción del déficit al 1,1% con la que el Govern debe contribuir al plan de Zapatero para tranquilizar a los mercados –a costa de hacer pagar la crisis a los ciudadanos más desfavorecidos– es un mal augurio para quienes luchamos por una sociedad más equitativa y con oportunidades para todos.
La política social, que durante tanto tiempo se ha dicho que era prioritaria, hoy parece olvidada. El ahorro necesario se carga sobre la espalda de los más débiles y no se dicta ni una sola medida para que la reducción del déficit sea asumida por los que más tienen.
Celebramos que la Generalitat se haya comprometido a luchar contra el fraude fiscal en los ámbitos en los que tiene plenas competencias y que no suprima la ayuda a las familias que tienen un bebé, pero ¿por qué no se concretan medidas fiscales que graven los grandes beneficios empresariales o los grandes patrimonios? ¿Es a costa de los más desfavorecidos que hay que ahorrar?
TERESA PRIETO Presidenta de Entitats Catalanes d'Acció Social(ECAS)
Fuente : elperiodico.com
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