Han pasado tres años desde que se aprobó la Ley de Dependencia y es el momento de evaluar, de reflexionar y, a la vista de las necesidades que la realidad ha puesto de manifiesto, de proponer que se introduzcan mejoras y ajustes que vengan a garantizar la sostenibilidad del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia. Esta demanda es unánime por parte de todas las comunidades autónomas y ha sido acogida con interés por la ministra, Trinidad Jiménez, comprometiéndose a estudiarla en profundidad y en colaboración con las distintas administraciones.
Todas las evaluaciones e informes que se están llevando a cabo van en la misma dirección y, por ello, en la Generalitat Valenciana consideramos que ha llegado el momento de hacer un análisis conjunto para que se aplique el sistema en toda su amplitud.
Las primeras conclusiones de los estudios ponen de manifiesto debilidades en la aplicación de la ley y coinciden con lo que venimos afirmando desde hace tiempo: el modelo de financiación actual es desigual e insostenible y hay que buscar nuevas vías que ofrezcan estabilidad.
Las comunidades autónomas soportan la mayor parte de la carga financiera, lejos del 50% establecido en la memoria económica de la ley, fundamentalmente porque la financiación del nivel mínimo garantizado por el Estado se realiza atendiendo al grado y nivel de la persona dependiente y no al servicio o prestación recibida. Este punto requiere una revisión, ya que las comunidades autónomas que destinan más servicios y menos prestaciones, reciben una menor financiación en términos relativos puesto que el coste residencial, por ejemplo, es cuatro veces más alto que la prestación.
Estamos convencidos de la necesidad de que el Estado coordine y posibilite el establecimiento de criterios comunes en todas las comunidades, de manera que se evite la desigualdad social. Es necesario igualar en derechos a todos los ciudadanos con independencia del lugar en que residan.
Hacen falta garantías de una financiación adecuada y estable, un pacto de Estado que dé lugar a una ley básica, como las que garantizan la atención sanitaria o la educación o como ocurre en otros países europeos, como Francia o Alemania, donde existe un fondo finalista. Es necesario destinar más recursos y sobre todo es necesario distribuirlos con criterios más precisos.
En la Comunidad Valenciana existía, antes de la entrada en vigor de la ley, una amplia red de servicios sociales con recursos domiciliarios, atenciones diurnas y residenciales, con unos niveles de calidad acordes con la aspiración social y con el derecho que tiene el ciudadano a obtener el máximo bienestar. Incluso, existían algunas ayudas para quienes tenían personas dependientes a su cargo, sin embargo, entendemos que la ley era necesaria y en estos tres años, a pesar de las enormes dificultades que la aplicación del sistema ha conllevado, hemos pasado de atender a 9.514 personas dependientes a las más de 32.000 que estamos atendiendo en estos momentos. Nuestro objetivo es conseguir una mejor aplicación de la Ley, una mayor celeridad y un servicio de mayor calidad.
El sistema tiene que alcanzar el fin pretendido, que es poner a disposición de cada persona con dependencia el recurso que requiera, con independencia del coste o modo de financiación del mismo. Y para ello, debe ser sostenible, con una financiación suficiente y adecuada.
La entrada en vigor de la Ley de Dependencia ha supuesto un gran avance en los derechos de las personas y un gran reto para los poderes públicos, que tenemos la obligación política y moral de actuar de forma coordinada para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Y para ello, desde el Consell ofrecemos nuestra lealtad institucional, lo que no impide que continuemos reivindicando aquellos aspectos de la financiación que no consideramos adecuados.
Angélica Such es consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana
Fuente : elpais.com
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