Los sindicatos se quejan de los retrasos en la tramitación de los expedientes relativos a la dependencia
Representantes de los diferentes sindicatos con representación en Asturias se quejaron hoy de los retrasos en la tramitación de los expedientes relativos a la dependencia.
Desde la solicitud de la prestación hasta que se recibe la misma, los ciudadanos suelen esperar en el Principado entre año y año y medio. Las organizaciones relacionaron esta circunstancia con la falta de recursos humanos en esta materia.
Los sindicatos hicieron estas consideraciones en la Comisión de Bienestar Social y Vivienda de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el Principado de Asturias entre 2007 y 2009. Comparecieron en la misma sesión UGT, CCOO, CSI, CSIF, FADE, Cermi y Fampa.
La representante de UGT Clara Casiano lamentó el excesivo tiempo que transcurre entre la solicitud de la dependencia y la llegada de la prestación o los servicios, algo que, apuntó, "mina" la eficacia del sistema. "No caben excusas para que se produzca tal retraso en la gestión de los expedientes", dijo, mostrando su malestar.
También criticó que se esté "abusando" de las prestaciones económicas, frente a la prestación de servicios. Así, consideró necesario un sistema que vaya más allá de las prestaciones económicas, que reduzca los tiempos de tramitación expedientes, que tenga financiación estable y sostenible en el tiempo, y que se elabore un plan sociosanitario.
Ignacio Quintana, de CCOO, dijo que "no es de recibo" que los tiempos de tramitación sean de año y medio. Explicó que los indicadores relativos a listas de espera son malos de Asturias. Y dijo que, además de los problemas estructurales de la ley, existe una "inadecuada" actuación de la Consejería de Administraciones Públicas porque "pone obstáculos" en materia de medios, estrangulando la aplicación de la norma.
En esa misma línea, Ana Rodríguez, de CSIF afirmó que la ley de Dependencia podría haberse desarrollado mucho mejor con una buena política de personal. "La aplicación de la ley no va bien", apuntó y señaló que han instado a los responsables del Principado en numerosas ocasiones que hagan un diseño de plantilla "coherente y estable". Consideró que la plantilla actual es "insuficiente" y dijo que hay asturianos que han fallecido en el transcurso del periodo de tiempo desde que solicitaron la dependencia hasta que pudieron llegar a dársela, dada la lentitud de los trámites.
Desde CSI, hablaron de que existen muchos afectados que están "perdidos" en un proceso burocrático. Y que a pesar del discurso "demagógico" del Gobierno, se está perpetuando el papel de las mujeres como cuidadoras.
REVISIÓN
En su turno, el responsable de Servicios Jurídicos de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Ignacio García López, destacó el gran esfuerzo presupuestario realizado en los últimos años para la dependencia. Explicó que la decisión del Gobierno estatal de quitar la retroactividad no es reducir derechos, sino una "corrección" ante la amenaza para la sostenibilidad que supone emplear tantos recursos. Así, argumentó que en el actual contexto de crisis es necesario una revisión del sistema para priorizar los servicios concertados frente a los públicos, porque es una fórmula más económica. "El sistema debe revisarse para adecuar el nivel de prestación de servicios a la situación económica actual", sostuvo.
Mónica Oviedo, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad del Principado de Asturias (Cermi), dejó en la Cámara un documento con todas sus demandas. Reclamó agilización en los procesos y exigieron un protocolo para los casos de urgencia. También pidió la mejora de las prestaciones económicas de ayuda a domicilio, sobre todo en el ámbito rural.
Por último, Dolores San Martín, de Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (Fampa), elogió la ley y dijo que si no es todo lo ágil que debiera la culpa no es sólo de la administración, sino también de la sociedad. Así, señaló que ha habido muchas solicitudes de personas que no eran dependientes en el grado correspondiente, pero que supusieron las correspondientes valoraciones. Habló de "picaresca" y dijo que no es entendible que personas que tenían a sus familiares en centros de día los saquen para pasar a cuidarlos en casa.
Fuente : que.es
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