Ruiz Gallardón disminuye la ayuda a domicilio a las personas mayores
El Plan de recorte presupuestario previsto en el Acuerdo de 10 de junio de 2.010 de la Junta de Gobierno señala como única excepción los contratos que afectan a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a los enfermos de Alzheimer.
No obstante, al indicar dicho Acuerdo la posibilidad de recortes en convenios, subvenciones y otro tipo de gastos corrientes, pregunté en la Comisión de Familia y Servicios Sociales de este mes si iba a haber recortes de este tipo en relación con dichos colectivos.
El director general de Mayores me dijo que “no se va a recortar ningún gasto relacionado con la prestación de servicios a discapacitados, personas mayores y enfermos de Alzheimer”.
¡Qué lástima que no sea verdad!
El Gobierno de Ruiz Gallardón ha avanzado –que no concretado- un Plan “A” de Recorte Presupuestario generalizado; pero, además, bajo cuerda, están aplicando un Plan “B” para recortar los servicios a las personas mayores, personas con discapacidad y alzheimer.
Desde la Dirección General de Mayores se está ordenando a los trabajadores sociales –eso sí, verbalmente, para que no queden pruebas escritas de ello- que no den más altas de Ayuda a Domicilio que las muy urgentes, estrictamente inexcusables, en el caso que no tengan apoyo familiar, y que se reduzcan drásticamente el número de horas por domicilio y mes.
Independientemente de lo que indique la Ordenanza que lo regula e independientemente de lo que les corresponda por aplicación del baremo. Porque sí. Para ahorrar.
Actualmente se han dado ordenes a todos los distritos para reducir las horas de ayuda a domicilio que recibe cada persona. Así, por ejemplo en Chamberí que atienden a unas 1.400 personas tienen que reducir 3.000 horas, por lo que cada persona tendrá dos horas menos al mes de ayuda a domicilio, en Fuencarral se ha de reducir alrededor de 10.000 horas o en vicálvaro más de 1.000. Y recordemos que la media actual es de 17,5 horas al mes, poco más de 3 horas a la semana.
Pero no les basta con eso. El artículo 26.4 de la Ordenanza que regula, entre otros, el acceso a la Ayuda a Domicilio establece que el demandante del servicio ha de solicitar la valoración de dependencia si el baremo indica que puede beneficiarse de la Ley de Autonomía Personal.
El gobierno de Ruiz Gallardón hace caso omiso de la Ordenanza y se lo exigen a todo el mundo. Tengan posibilidades o no de beneficiarse de dicha ley. Con ello aumentan artificialmente el número de solicitantes de valoración de la dependencia, alargan la tramitación de la solicitud de esos servicios, retrasan la resolución, demoran su concesión e incluso pueden conseguir que, abrumados por el exceso de papeleo, haya quienes desistan de hacer la solicitud. En otras palabras, más ahorro.
Pero hay más, están ahorrando mucho dinero con la política de “si no queda más remedio, reconoceremos derechos; pero demoraremos todo lo posible su ejecución”. Lo hacen -como acabamos de demostrar- violando la Ordenanza que regula el acceso a la Ayuda a Domicilio o -como veremos a continuación- apoyándose en su letra, pero vulnerando derecos de las personas.
Los artículos de la Ordenanza municipal impiden que una persona a la que se le ha reconocido su situación de dependencia y dispone del correspondiente Programa Individual de Atención (PIA) pueda acceder a los Servicios Sociales Municipales.
Esto implica que las personas que más ayuda necesitan se queda sin ella, se quedan sin ayuda. Ya se han dado casos en los que una persona al presentar el PIA, se le deniega la ayuda a domicilio.
¿Es esto justo?
El gobierno de Ruiz Gallardón está recortando servicios sociales y está recortando los derechos de los ciudadanos.
*Carmen Sánchez Carazo
Concejala del ayuntamiento de Madrid del grupo PSOE
Fuente : diariocritico.com
Es una pena, todo lo que dices, y tienes mucha razon. Al final, la crisis la van a pagar los mas desfavorecidos e indefensos.
ResponderEliminarPor otro lado, y hago un llamamiento al Consejo Territorial de la Dependencia y al Gobierno de la Nación, con la siguiente reflexión
¿ Como es posible, que para tramitar un expediente de una persona dependiente, la administración llamase Local y/o Autonómica, se pueda pegar en algunas ocasiones mas de 3 años ? Y ahora resulta que Zapatero a propuesto que como maximo en 6 meses estará ya resuelto ? Ahora se suprime la retroactividad del expdiente ? Que pasa que antes la Administración demoraba las cosas y hacia dejación de funciones?, ¿y ahora ya tiene los medios necesarios para poder hacer bien las cosas en tiempo y forma ( 6 meses ) ?
Cinco años después y tras la reforma de la ley de dependencia de 2011 la situación en Madrid es diferente. Seguimos en una posicion en la que las listas de espera bajan en toda España, en parte porque los dependientes mueren antes de recibir prestaciones y mientras tanto las residencias de mayores de Madrid han visto como el concierto marco les bajaba los ingresos económicos a cambio de una estabilidad.
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