Ahora más que nunca hay que establecer prioridades. Y de la misma manera que no se cierran colegios ni hospitales, no cabe pensar en recortes a la dependencia
Cuando en noviembre de 2006 se aprobó, con amplísima mayoría, la Ley de Dependencia en el Congreso de Diputados se ponían las bases del cuarto pilar del Estado del bienestar.
Un nuevo derecho para todos los ciudadanos, del mismo rango que la educación, la sanidad y las pensiones. Después de poco más de tres años de vida, el sistema de dependencia se ha desarrollado, a través de las comunidades autónomas, de forma desigual.
Se ha aplicado en función de intereses políticos más que atendiendo a criterios de servicio o de asistencia. Es verdad que los números se hicieron en plena bonanza económica y entonces todo parecía posible: beneficios para el Estado, creación de puestos de trabajo, etc.
Ahora, con la perspectiva que da el tiempo y desde la situación de crisis en que estamos inmersos, más bien parecen las cuentas de El Gran Capitán.
Con ese paisaje de fondo, no faltan quienes sostienen que se debería ralentizar su implantación y retardar la entrada de casos moderados hasta que despeje la tormenta financiera.
De todos modos, la gran cuestión subyacente es la sostenibilidad de esta ley. A día de hoy, el gasto en dependencia está en torno al 0,4% del PIB. Cuando el sistema esté completado, y eso se prevé que será hacia 2016, la financiación de las prestaciones rondará el 1%. Valga como referencia que el gasto en educación hoy es del 4,9%.
No cabe duda de que el problema en estos momentos es la crisis, pero hay que pensar que cuando salgamos de este agujero las cosas cambiarán; ahora bien, para ello hace falta coraje y voluntad política.
La dependencia no cuestiona el Estado del bienestar, no obstante, con el cuarto pilar en pleno funcionamiento daríamos un paso de gigante para alcanzar a los países más desarrollados en materia social.
Es posible que para conseguir ese objetivo haya que recurrir a sistemas de financiación complementarios, tales como recuperar el impuesto sobre el patrimonio o aumentar algunos tramos del IRPF.
Otra posibilidad sería combatir más enérgicamente el fraude fiscal. A su vez, tampoco falta quien apunta a una aportación obligatoria mediante la Seguridad Social. Son propuestas a estudiar con atención y detenimiento.
En cualquier caso, lo que no hemos de perder de vista es que la dependencia no ha de ser sólo un sistema sostenible, sino que es, también, un ámbito estratégico clave para modificar el sistema productivo que, además, debe generar riqueza.
Ahora más que nunca hay que establecer prioridades y reforzar las políticas sociales que se deben entender como una inversión y no como un gasto. Y de la misma manera que no se cierran colegios ni hospitales, no cabe pensar en recortes a la dependencia.
De otras cosas se puede prescindir; del cuarto pilar, no.
Fuente : abc.es
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