El Ararteko alerta del riesgo de «colapso» de los servicios sociales y pide más gasto
Los profesionales del sector han atendido a 250.000 vascos en tres años y creen que el sistema está «al límite»
Si la crisis y el paro se mantienen, no habrá trabajadores sociales suficientes para atender a los vascos que tengan que recurrir a las Ayudas de Emergencia Social, a la Renta de Garantía de Ingresos, a las cantidades que prevé la Ley de Dependencia o cualquier otro subsidio que requiera de la participación de los servicios sociales de base.
El Ararteko, Íñigo Lamarca alertó ayer del riesgo de «colapso» de este recurso, considerado la 'puerta de entrada' al sistema de vasco de ayudas y programas para los más desfavorecidos, al que han recurrido cerca de 250.000 vascos en los últimos tres años. Si no se invierte más en medios y personal, dijo Lamarca, será inevitable un «serio retroceso en la calidad de la atención»; un empeoramiento que los propios profesionales, dicho sea de paso, ya vienen constatando.
El Defensor del Pueblo vasco entregó ayer al Parlamento un informe monográfico sobre la materia, elaborado tras consultar la situación de buena parte de las 262 unidades de servicios sociales de base existentes en Euskadi y que dependen de los municipios, aunque su financiación corre a cargo no sólo de los ayuntamientos, sino también del Gobierno vasco y, excepcionalmente en Álava, de la Diputación foral.
En 2007, según los datos más recientes del informe del Ararteko, los recursos disponían de 407 trabajadores sociales y cerca de 240 administrativos. Se calcula que los servicios atendieron en los tres años anteriores al 15% de los hogares de Euskadi, unas 120.000 familias y, en consecuencia, «cerca de 250.000 personas». La mitad de los hogares encabezados por un extranjero han recurrido alguna vez a los trabajadores sociales de su consistorio.
Las encuestas efectuadas a los técnicos que trabajan a pie de calle arroja una sensación descorazonadora. «Los profesionales dicen estar al límite de sus posibilidades», reflejó ayer Lamarca.
«De no actuarse en la dirección de elaborar un estudio realista del impacto de las sucesivas reformas legales -que añaden nuevas ayudas y por tanto multiplican el trabajo de los servicios sociales de base, paso obligatorio para acceder a ellas-, el riesgo de colapso es evidente», zanjó.
En el informe de Lamarca, los propios profesionales alertan de que ya se ha producido un «retroceso en términos de calidad de la atención», que cada vez se requiere más «burocracia» y que resulta más complicado llevar a cabo «intervenciones individualizadas». Se muestran, además, «desmotivados, desanimados, saturados e impotentes.»
El Ararteko, con todo, quiso resaltar que el sistema «funciona y cumple adecuadamente» con los objetivos para los que ha sido creado. Es un hecho, reflejó, que en los últimos diez años las instituciones han aumentado los fondos destinados a los servicios sociales y, dentro de estos, a aquellas unidades de base destinadas a tomar contacto directo con la calle y a atender en primera instancia a quien precisa una ayuda.
Según sus datos, la inversión se ha triplicado en lo referente a todo el conjunto de servicios sociales de Euskadi, de los 331 millones de 1995 a los 1.079 millones de euros de 2007. Pero en lo referente a los servicios de base, sólo se ha duplicado: de 17 millones a 36 en ese mismo periodo. Este diferente ritmo de crecimiento, señala Lamarca, está en el epicentro de los problemas que acucian a las oficinas de los trabajadores sociales, el primer eslabón de la cadena.
Sólo Álava contribuye
Al menos, durante el periodo estudiado por el Ararteko se han reducido parcialmente las diferencias territoriales. Álava sigue en cabeza en cuanto a gasto por habitante (27,6 euros en 2007), muy por encima de Vizcaya (13,2), de Guipúzcoa (17,7) y de la media de la CAV (16,7 euros por habitante).
Pero Vizcaya y Guipúzcoa han incrementado de forma notable su aportación de fondos en los últimos años y han conseguido aliviar una comparación que les sonrojaba hace una década.
En la fecha del estudios (2007), en Álava se destinaron 8,4 millones a los servicios de base; en Vizcaya 15,1 millones y en Guipúzcoa, 12,3. Lamarca puso también el foco sobre la diferente forma de financiación del sistema.
El peso recae en ayuntamientos y Gobierno vasco, y sólo en Álava se implica también la Diputación foral. La vizcaína dejó de hacerlo en 2001 y la guipuzcoana también, salvo una pequeña aportación en 2007
Fuente : elcorreo.com
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