Ayuntamiento Murcia insta al Estado a establecer marco que regule e iguale a dependientes sin discriminación territorial
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Murcia propuso este jueves en el Pleno instar al Gobierno de España a "establecer un marco regulador que iguale a todos los españoles dependientes sin discriminaciones por territorialidad, y a eliminar la pérdida de retroactividad en las prestaciones".
Así, la teniente de alcalde de Bienestar Social del Ayuntamiento de Murcia, Maruja Pelegrín, felicitó a todos los profesionales del Ayuntamiento y Comunidad por el esfuerzo y la dedicación desde la puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
No obstante, Pelegrín lamentó que "mientras que el PSOE del Gobierno le va restando derechos a los dependientes, los socialistas de Murcia exigen más en la Región".
De este modo, sostuvo que el PSOE, en lo referente a la Ley de Dependencia, "está exigiendo a los demás lo que no reclama a los suyos".
Explicó, entonces, que "esta ley, nacida de las prisas electoralistas, ha establecido 17 sistemas distintos para aplicarse, según los estudios de propios expertos, que recomiendan que exista un marco homogéneo para todo el territorio nacional".
De este modo, acusó a PSOE e IU de "volver a utilizar la ley de Dependencia como arma arrojadiza contra el Gobierno de la Comunidad Autónoma", tras lo que aseguró que el Ayuntamiento de Murcia "va a seguir colaborando con la Administración regional para dar una respuesta eficaz como merecen nuestros ciudadanos".
Por ello, el PP propuso instar al Gobierno de España a "cambiar el modelo de financiación para que efectivamente aporte el 50 por ciento del gasto que conlleva el sistema, pagando el nivel mínimo de protección no con una cantidad fija, sino estableciendo cantidades según el tipo de servicio o prestación económica".
Y es que, explicó, "se da el caso de que un dependiente de grado II nivel 1, que percibe unos 700 euros de pensión, que solicite una plaza residencial de las intermedias con un coste aproximado de 1.600 euros al mes, lo que le llega de ayuda proveniente del Estado sean 70 euros, y el resto lo aporta la Comunidad Autónoma", según fuentes del Consistorio.
Fuente : europapress.es
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