Los socialistas advierten de que el boicot a la ley de Dependencia pasará factura
"Le quedan siete días para ultimar los expedientes de cara al nuevo modelo de financiación", advirtió ayer al Consell la portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Carmen Ninet, que añadió: "Si al final no ha hecho los deberes, exigiremos responsabilidades".
El próximo día 1 de julio es la fecha tope para que las comunidades autónomas registren los expedientes de personas con la prestación reconocida para aplicar el nuevo modelo de financiación que aprobó el Consejo Territorial de la Dependencia.
El nuevo modelo de aplicación de la ley de Dependencia prima, a la hora de repartir el fondo de 283 millones a distribuir entre las comunidades autónomas, el número de ciudadanos que están recibiendo realmente las prestaciones, -que representará el 56%-, frente al cálculo potencial de personas dependientes -cuyo peso se reduce al 44%.
El diputado socialista Antonio Torres recordó que más de 30.000 valencianos y valencianas, muchos de ellos con una espera de más de dos años, aguardan a que el Consell evalúe sus solicitudes y otros tantos a que haga efectivas las ayudas y prestaciones. "Los socialistas valencianos no vamos a cejar en nuestra denuncia del maltrato al que se somete a estas personas", dijo el diputado, que aventuró que la Generalitat puede perder unos 10 millones, de euros de los 158 que se repartirán en base a las personas dependientes realmente atendidas, si no se desbloquean las solicitudes.
Torres atribuyó el retraso acumulado, aunque el Consell ha sacado del cajón unas 40.000 solicitudes, al boicot que el PP aplicó en la Comunidad Valenciana y en Madrid a la nueva ley. "El año pasado se perdieron 12 millones de euros porque el número de dependientes valencianos que recibían prestaciones no alcanzaba el 5% de España", criticó el diputado.Antonio Torres explicó que la Comunidad Valenciana ocupa el tercer puesto por la cola en número de solicitudes, el cuarto por la cola en dictámenes y otra vez el antepenúltimo en prestaciones efectivas, lo que no ha impedido que la familia del vicepresidente social, Juan Cotino, "propietaria de 20 residencias", haya visto incrementarse, gracias a las ayudas de la ley de Dependencia, "de forma considerable el número de plazas que tenían concertadas".
La ley de Dependencia, según los cálculos del diputado socialista, podría haber creado 10.000 puestos de trabajo que no ha creado por culpa del Consell. Torres los desglosó en 8.500 "empleos fijos y con Seguridad Social" y 2.500 puestos de atención domiciliaria para 15.000 personas más que deberían estar recibiendo ese tipo de prestación. Además, 15.760 personas podrían estar recibiendo el complemento de cuidadores, que ayuda a mejorar la economía familiar. "La Consejería de Bienestar Social no ha hecho las cuentas de cuántos puestos de trabajo se han perdido por su incompetencia".
"La situación es francamente calamitosa", aseguró Torres, que añadió: "Somos los que tenemos más gente en lista de espera, junto con Madrid. Y estamos incumpliendo la ley, que limita a seis meses el plazo para resolver las solicitudes con la asignación de prestaciones". El diputado concluyó afirmando que de los 447 millones de euros que la Generalitat ha recibido por la nueva financiación autonómica, solo ha destinado 31,8 millones a la dependencia.
La culpa, de Zapatero
El PP respondió a las críticas de los socialistas con un comunicado de la portavoz de Bienestar Social, María José García Herrero, que aseguró que "el objetivo del Consell es ejecutar la ley de Dependencia con la mayor celeridad y eficiencia". Según la diputada, que acusó al Gobierno de Rodríguez Zapatero de proponer recortar "en 1.318.912 euros las ayudas para la atención de las personas dependientes de la Comunidad Valenciana", en la actualidad "hay más de 100.000 personas valoradas, de las cuales 65.000 corresponden a grados de dependencia con derecho en vigor y de las que el 50% están siendo ya atendidas".
Los datos, a 1 de junio, del Ministerio de Sanidad y Política Social, que ayer facilitaron los socialistas, reflejan que en la Comunidad Valenciana hay 72.992 personas a las que se ha reconocido el derecho a prestaciones, de las que solo 38.817 las reciben en la práctica.
Fuente : elpais.com
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