La mayor parte de las denuncias hace referencia a los retrasos en la gestión de los expedientes para el reconocimiento o prestación de asistencia a los dependientes.
Un dependiente debe esperar en Canarias una media de 25 meses para ser valorado y atendido, según recoge el último informe del Diputado del Común presentado al Parlamento.
La ley establece que este procedimiento no debe prolongarse más de seis meses.
Estos datos abundan en el informe emitido por el Observatorio de la Ley de Dependencia que en su VI dictamen señala que en las Islas la aplicación de la ley de Dependencia continúa a la cola del país y le otorga una puntuación de 0,5 puntos sobre diez. Las siguientes comunidades por detrás son Madrid y Valencia (ambas gobernadas por el PP) y la calificación que les otorga el Observatorio es un 2.
Entre 2008 y 2009, el Diputado del Común, cuyo titular es Manuel Alcaide, recibió un total de 84 quejas relativas a dependencia. Este apartado aglutinó la mayoría de las denuncias correspondientes al área de personas mayores.
En el 51% de los casos, estas reclamaciones hacían referencia al retraso en las prestaciones, mientras que el 15% se representaba por retraso en el reconocimiento de la discapacidad. En seis casos -el 9,52%- se hizo por fallecimiento.
De éstos, sólo uno de ellos tenía aprobado el Programa Individual de Atención (PIA) mientras que en otro, el procedimiento llevaba en trámite veintidós meses cuando falleció el dependiente.
El tiempo de espera es, a juicio del Diputado del Común, «uno de los datos más interesantes que revelan las quejas» tanto para ser reconocidos como dependientes como para la aprobación del PIA e incluso desde que cuenta con el visto bueno para la atención hasta que ésta se hace efectiva.
La espera máxima detectada por la institución para ser reconocido como dependientes es de veintidós meses y la mínima de tres, es decir que la espera media se sitúa en dieciséis meses.
Pero éste es sólo el primer paso.
Una vez reconocido como dependiente, el tiempo que una persona debe esperar para que se le diga a qué tipo de atención tiene derecho es de nueve meses como media.
El periodo máximo que reconoce el Diputado del Común es de catorce meses y el mínimo de un mes. En definitiva, el plazo medio de resolución de un expediente es de veinticinco meses. Esto significa 19 meses más de lo que establece la ley, ya que tanto para el reconocimiento como para el programa de atención individual, el plazo máximo que establece la norma es de tres meses en cada proceso.
El informe del Diputado del Común referido al ejercicio de 2009 y presentado recientemente ante el Parlamento de Canarias señala que las quejas sobre los dependientes aluden, en la mayoría de los casos, a problemas idénticos, que es el retraso en la gestión de los expedientes.
Para la institución, el retraso generalizado en la resolución de estos casos debe mover a la reflexión del Gobierno de Canarias acerca de la necesidad de continuar mejorando la eficacia en los procesos de gestión e incrementando «en la medida en que sea necesario», los recursos humanos destinados a la gestión de la Ley de la Dependencia en el Archipiélago.
En el momento actual, añade, se hace necesario ese esfuerzo para que todos los dependientes actuales, a los que la ley reconoce el derecho a ser atendidos, reciban un servicio de calidad en el plazo que marca la normativa de aplicación.
Fuente : canarias7.es
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