Govern fija 6 meses como plazo máximo para responder a solicitud dependencia
El Consell de Govern ha aprobado tres decretos que regulan distintos aspectos de la Ley de Dependencia, entre ellos uno que fija que la Administración tiene 6 meses desde que se produce la solicitud para decidir el tipo de asistencia que se concederá, cuando la media actual es de 7 meses de tramitación.
En concreto, el decreto establece que ese plazo de seis meses será el máximo que transcurrirá desde la solicitud hasta la resolución de la valoración y la elaboración del plan individual de atención (PIA), según ha explicado la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.
Santiago ha precisado que es el plazo "para conocer la resolución, no para recibir el servicio asignado" y ha explicado que en la actualidad dicha tramitación se prolonga durante una media de 7 meses por lo que considera que las administraciones de Baleares se encuentran "en condiciones" de poder aplicar el decreto.
"El Govern ha hecho un esfuerzo considerable al haber pasado de 18 meses en agosto de 2007 a 7 meses en la evaluación" en la actualidad, ha asegurado Santiago, quien ha augurado que "si se continúa como hasta ahora, esos seis meses también se pueden reducir".
De no cumplirse el plazo, el solicitante puede hacer una reclamación y la administración estará obligada a contestar "de forma inmediata", ha añadido la consellera.
Santiago ha explicado que los tres decretos aprobados hoy ordenan y regulan el ejercicio práctico en materia de dependencia y fijan cuestiones que ya se están aplicando.
El primer decreto establece quienes son los responsables en materia de dependencia y señala que el PIA y su seguimiento corresponden a los servicios sociales comunitarios, mediante los trabajadores sociales. Los consells harán la valoración y el Govern firmará la resolución final.
Para facilitarlo, Santiago ha recordado que el Govern transfirió a los municipios y consells a 47 trabajadores sociales que financia el ejecutivo autonómico, para que gestionen la dependencia.
El decreto designa también como prestaciones y servicios de atención a la dependencia la teleasistencia, asistencia a domicilio, centros de día, centros ocupacionales, centros de noche, residencias, ayudas económicas vinculadas a servicios y prestaciones al entorno familiar.
También establece el grado de compatibilidad entre los distintos servicios, que posibilita que se puedan recibir simultáneamente por ejemplo teleasistencia y servicio nocturno, o que quienes reciban ayuda a domicilio tengan derecho a teleasistencia.
El decreto de compatibilidad, que entrará en vigor a partir de 2012, determina que la ayuda económica solo es compatible con la teleasistencia y fija que las residencias no son compatibles con ningún otro servicio.
Otro decreto regula el copago, con los criterios para calcular la capacidad económica y establecer la participación de los beneficiarios en las prestaciones asistenciales. Santiago ha puesto como ejemplo que quien cobre 532 euros -según el indicador económico que fija el Estado para 2010-, debería pagar 435 de residencia, para una plaza que al Govern le cuesta unos 1.900 euros.
Según Santiago, el copago será progresivo, de forma que a medida que el beneficiario tenga más ingresos irá pagando más.
El tercer decreto fija la ratio mínima de profesionales y de características arquitectónicas de los servicios de dependencia.
Santiago ha explicado que ya había una normativa vigente para centros de mayores, pero no para discapacitados y este decreto cubre ese vacío legal.
Fuente : abc.es
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