El PSPV advierte de que la Comunitat perderá 10 millones por su "calamitosa" aplicación de la Ley de Dependencia
El PSPV advirtió hoy de que la Comunitat Valenciana podrá perder 10 millones de euros por su "calamitosa" aplicación de la Ley de Dependencia basada en una "política de boicot" y "victimismo" del Gobierno valenciano hacia el estatal que, lamentó, están pagando "las más de 30.000 personas" que llevan "más de dos años", en la "mayoría de los casos, "esperando a que se les resuelva su ayuda".
Así se pronunció en rueda de prensa el portavoz de Bienestar Social del PSPV, Antonio Torres, acompañado por la síndica adjunta Carmen Ninet, quien recriminó al Ejecutivo valenciano su "empecinamiento en torpedear" la aplicación de la ley en la Comunitat y aseveró que no es "de recibo" que el Gobierno del "despilfarro, los sobrecostes y el endeudamiento boicotee una norma que reconoce derechos".
Ninet recordó que el próximo 1 de julio es la "fecha tope para que las autonomías registren todos los expedientes ultimados y con derecho a prestación" según el nuevo modelo que acordó el último Consejo Territorial de la Dependencia, por el que el grueso de los fondos, un 56 por ciento, se repartirán en función del número de personas que estén recibiendo realmente el servicio, y el 44 por ciento restante en función de las personas potencialmente dependientes. Advirtió de que si el Consell "no hace los deberes" el PSPV exigirá "responsabilidades políticas".
En la misma línea, Antonio Torres auguró que se va a producir una "merma importantísima" de los recursos destinados a las personas dependientes de la Comunitat a partir de la aplicación de los nuevos criterios, ya que la población valenciana representa el 10,9 por ciento de la estatal pero continúa sin llegar al 5 por ciento de media de personas con la prestación por dependencia asignada.
Cifró en 10 millones de euros la pérdida económica y responsabilizó de esta situación a la "política de boicot" y "victimismo" del Gobierno valenciano.
Especificó que a partir del próximo 1 de julio de 2010 —cuando entrarán en vigor los nuevos criterios de financiación, que serán para los próximos tres años— el Estado destinará 283 millones de euros a repartir entre todas las comunidades autónomas, de los que 158 millones se distribuirán en base a las personas realmente atendidas y los otros 125 millones para los que pueden ser potencialmente grandes dependientes.
Torres censuró el "maltrato" al que el Consell "somete" a una media de 30.000 valencianos al mes que presentaron su solicitud para el reconocimiento de la dependencia "hace más de dos años en la mayoría de los casos", que han sido valorados y están pendientes de que la Generalitat les asigne la prestación.
Reconoció que se ha incrementado el número de solicitudes registradas y de valoraciones "pero de nada sirve si el ciudadano no está recibiendo la prestación", al tiempo que censuró al Ejecutivo valenciano por haber guardado éstas "en el cajón" y sólo las sacó para no perder una financiación estatal basada en el número de prestaciones realizadas.
Aún así, en 2009 la Comunitat perdió 12 millones de euros "porque el número de personas valoradas y que estaban recibiendo la prestación no llegaba al 5 por ciento de toda España", aseveró.
"en todo a la cola"
El diputado socialista afirmó que la Comunitat se encuentra en una situación "calamitosa" en aplicación de la ley de Dependencia, "prácticamente en todo a la cola". Así, con fecha de 1 de junio de 2010 en número de solicitudes registradas "somos los terceros por la cola", en dictámenes "los cuartos por la cola" y en prestaciones realmente recibidas por los ciudadanos "los terceros por la cola". "En todo nos caracterizamos por ser de los que están poniendo más trabas a la aplicación de la ley", remachó.
También señaló que la ley ha beneficiado de una forma "muy directa" a la familia del vicepresidente social, Juan Cotino, "propietaria de 20 residencias" en la Comunitat y que ha visto incrementarse "de forma considerable el número de plazas que tenían concertadas".
Apuntó que Cotino "decía recientemente que por no haberse hecho el trasvase del Ebro se habían perdido miles de puestos de trabajo", pero él "ha estado en la Conselleria de Bienestar Social y no se ha preocupado de hacer la cuenta de cuantos puestos de trabajo se han perdido en nuestra comunidad por culpa de su incompetencia".
Al respecto, cifró en 10.000 los puestos de trabajo fijos que podría haber creado la ley en la Comunitat, de los que 8.500 "empleos fijos y con seguridad social" corresponderían a cuidadores familiarse y ayuda a domicilio y 2.500 puestos en atención domiciliaria para las 15.000 personas más que estarían recibiendo esta prestación, a los que se sumarían asistentes personales.
Además, 15.760 personas "podrían estar recibiendo en este momento en nuestra comunidad un complemento a los ingresos familiares" pero el interés de la Generalitat al respecto es "absolutamente nulo".
Asimismo, indicó que una vez "cerrado" el mapa de las residencias, la Generalitat tiene que aportar el 50 por ciento del coste del servicio, que ya "no le sale gratis" porque introduce a personas que hasta ahora estaban en sus casas, "pero el criterio de la Generalitat en estos momentos no es destinar los recursos a las personas que están en situación de necesidad".
"Por culpa de la incompetencia y de la ineficacia del Gobierno valenciano los dependientes valencianos sean los que están pagando el pato", censuró.
Afirmó que si los recursos se hubieran dado directamente a la Generalitat para que fuera la encargada de repartirlos —como ésta reclamaba— "no se estarían destinando a las personas dependientes sino a otras cuestiones". Apuntó que en otras ocasiones los fondos aportados por el Estado sirvieron para pagar la deuda con los colegios de procuradores y arquitectos o con las universidades en lugar de "aprovechar la ocasión para acabar con la lista de espera" en dependencia, que es la mayor de todas las comunidades autónomas junto con Madrid.
También censuró al Consell por "poner trabas" y "dilatar en el tiempo el pago de ayudas" al "centralizar en Valencia" la posibilidad de recurrir ante la justicia en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por lo que, dijo, "miles de personas van a perder los efectos retroactivos de la ley" por no poder asumir el coste de abogado y procurador.
Fuente : 20minutos.es
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