ASTURIAS - LA FINANCIACIÓN DE LA LEY ES PREOCUPANTE"

«La financiación de la Ley de Dependencia es preocupante»

El consejero de Economía dice que Asturias soporta el 70% del coste, cuando lo previsto eran 20 puntos porcentuales menos

El consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal, compareció ayer en la Junta General del Principado. Lo hizo en una comisión de Bienestar Social, competencia alejada de sus quehaceres diarios.

Fue a explicar, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular, el papel de las comunidades autónomas en la financiación de la Ley de Dependencia, «una situación preocupante», según Rabanal.

El problema reside en que inicialmente, la ley preveía que tanto las administraciones regionales como el Estado aportarían un 50% de los fondos, estimaciones que en el caso de Asturias no se han cumplido.

«La realidad de la financiación es que los usuarios contribuyen al sistema en menos de un 10%, la Administración autonómica en un 70% y la Administración general en el resto, un 20%», se quejó el consejero.

A partir de 2015, la cosa empeora.
Para entonces todo es incertidumbre, porque «la Administración general retirará parcialmente sus recursos y hay una estimación de que el Principado va a recibir un millón de euros menos». No obstante, matizó a las palabras de la diputada del PP Inmaculada González.

«No podemos hablar de pérdidas, ya que se trata de la financiación de una ley», incidió. De hecho, González quiso saber cuántos dependientes dejarán de recibir la ayuda con la merma presupuestaria. Pero Rabanal habló de números y de contabilidad: «No doy el responsable de la gestión de Bienestar Social.

Con todos mis respetos para los destinatarios de las ayudas, me da igual que sean 4.000 ó 3.500. Hay que destacar la mejora evidente en Asturias. Estamos por encima de la media en la gestión de la Ley», dijo.

Rabanal explicó que el Gobierno asturiano destina este año más de 220 millones de euros para la financiación de la dependencia, un 48% más que el primer año de aplicación, el 2008. Pero a los populares no le cuadraban del todo las cifras. Al final, González reconoció que la intervención del consejero de Economía no le clarificó «nada».

Porque tampoco tuvo respuesta a cómo se van a agilizar las tramitaciones antes de seis meses (es uno de los cambios que sufrirá la ley) «si se prescindirá de las diez personas contratadas para ello, como denuncian sus socios de Gobierno, Izquierda Unida». La popular quería concocer qué planes tiene el Principado si los centros residenciales privados dejan de ofrecer plazas concertadas, como ya han advertido. «Peligran hasta las inversiones comprometidas. El Principado saca un aprobado ramplón», concluyó.

Por su parte, la diputada de IU-BA-Verdes Emilia Vázquez destacó la necesidad de que prime el servicio sin que los ciudadanos tengan que aportar recursos.

Fuente : elcomerciodigital.com