PSOE advierte a Gobierno que T. Cuentas aclarará destino dinero dependencia
El PSOE acusó hoy al Gobierno de Canarias de "falta de lealtad institucional" y de no respetar a los ciudadanos de las islas por no aplicar la Ley de Dependencia, y advirtió de que el Tribunal de Cuentas va a fiscalizar dónde están los recursos recibidos del Estado.
La secretaria de bienestar social de la Ejecutiva federal del PSOE, Marisol Pérez Domínguez, subrayó en rueda de prensa que el Gobierno de Canarias ha recibido del Estado 76 millones de euros desde 2007 para financiar los servicios y prestaciones de dependencia, dinero que la Comunidad Autónoma debe complementar con una cuantía igual.
Pero Canarias figura como la última Comunidad Autónoma en el desarrollo de la Ley de Dependencia en cualquiera de los criterios que se aplique para medirlo, subrayó.
Mientras a nivel nacional hay doce dependientes con prestaciones por cada mil habitantes, en Canarias sólo hay tres, y aunque el tiempo de espera legalmente para resolver los expedientes de los solicitantes es de seis meses, en Canarias la media es de 23 meses.
En Canarias, con dos millones de habitantes, solamente 7.500 personas reciben algún tipo de prestación, señaló mientras que en Extremadura, con la mitad de población, hay el doble de personas atendidas.
En la islas ni se han desarrollado la teleasistencia, ni la atención domiciliaria ni las prestaciones, y en consecuencia la Ley de Dependencia no está sirviendo para crear empleo en una región con un 27 por ciento de parados, denunció.
Con estos y otros datos, la dirigente socialista ilustró el "agujero negro" de la dependencia en Canarias, pero advirtió de que el Tribunal de Cuentas está fiscalizando en qué han empleado las comunidades autónomas el dinero recibido por el Estado para la Ley de Dependencia.
"Quizás ahí encontremos las explicaciones a los agujeros negros", explicó.
Reconoció que el Gobierno central no tiene ningún control sobre el destino de esa financiación que destina a las comunidades, porque los asuntos sociales son competencia autonómica y por tanto sólo puede confiar en la "lealtad institucional" de las regiones para su aplicación.
"No es un problema" de la Ley de Dependencia, sino de "lealtad institucional para aplicarla y de respeto a sus ciudadanos" por parte del Gobierno de Canarias, dijo.
Pese a los problemas para su efectiva aplicación, insistió en que la Ley de Dependencia crea derechos y su vulneración puede ser reclamada por los ciudadanos ante los tribunales.
"Los canarios no pueden ser ciudadanos de tercera", dijo la representante del PSOE, quien instó a la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, a incorporar a los dependientes al sistema porque es la forma de recibir más financiación del Estado, puesto que el número de atendidos es el principal criterio en la distribución de los fondos.
Claro que entonces la Comunidad Autónoma debe aportar financiación por la misma cantidad, ya que el gasto se distribuye al 50 por ciento, y seguramente ahí está el motivo por el que no se desarrolla la Ley en las islas, apuntó.
También acusó a la consejera de falta de lealtad institucional en el desarrollo de los acuerdos adoptado entre el Gobierno central y todas las comunidades autónomas, apoyados unánimemente en el Consejo Territorial de Dependencia.
Marisol Pérez pidió al Gobierno de Canarias transparencia presupuestaria, de manera que el dinero que destina al desarrollo de la Ley de Dependencia figure en una partida presupuestaria específica.
Instó a la consejera a "ponerse las pilas" para cumplir el plazo de seis meses en la resolución de las solicitudes y consideró que el reciente decreto de ajuste presupuestario, en el que se elimina la retroactividad de las ayudas si se resuelven los expedientes en ese plazo, animen al Gobierno de Canarias a cumplirlo, y con ello a cumplir la ley.
Fuente : abc.es
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