La Casa Amparo se destinará a grandes dependientes con plantilla cualificada
La Casa Amparo de Zaragoza se destinará de forma progresiva a la atención de grandes dependientes, salvo un determinado número de plazas que se reservará el Ayuntamiento, que serán atendidos por una plantilla cualificada por medio de un contrato de servicios.
El Gobierno de Zaragoza ha aprobado hoy el pliego de contratación de los servicios para abrir nuevas plazas de dependientes en esta institución y adaptarla a la normativa exigida por la Ley de Dependencia, que afecta a la cualificación exigida del personal.
En la rueda de prensa tras concluir la reunión del gobierno, el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, ha informado de que actualmente la Casa Amparo cuenta con 92 plazas, ampliables a 106, y ya están cubiertas 72, que irán creciendo sucesivamente con los grandes dependientes.
Será el Gobierno de Aragón el que asignará las personas que tienen derecho al servicio de la Casa Amparo.
Así, se ha elaborado un pliego para la contratación de la prestación de servicios integrales de la unidad de atención de personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo de la residencia municipal.
Se trata de la atención a las personas mayores afectadas por graves deterioros psicofísicos, residentes en la tercera planta de esta residencia, y que, a consecuencia de los mismos requieren una atención permanente en un espacio específico con las medidas de protección y seguridad adecuadas a las prestaciones y servicios contemplados en la Ley.
Como la ley exige que el 35 por ciento de la plantilla cuente con cualificación, lo que no se cumple en esta residencia, se ha optado por sacar el contrato a concurso para que sea atendido por una empresa de servicios y la actual plantilla municipal se redistribuirá por el resto de servicios del Ayuntamiento, ha explicado Gimeno.
El pliego recoge que se deberán atender los cuidados que cada persona requiera en función de sus limitaciones para realizar por sí misma las actividades básicas de la vida diaria, así como tareas de tipo educativo para recuperar o reforzar estas capacidades psicológicas, sociales, de organización y dirección y de tipo auxiliar.
La vigencia del contrato será de cuatro años prorrogables como máximo por dos periodos de un año, con un presupuesto máximo anual de 1.139.369 euros, y se exige como prestaciones mínimas el disponer de servicios médicos complementarios a los del sistema sanitario público, enfermería, atención psicológica, trabajo social, auxiliares de geriatría/gerocultores las 24 horas, terapia ocupacional y servicio de fisioterapia.
Fuente : abc.es
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