Gobierno y cabildos se comprometen a invertir 40,4 millones en dependencia
La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas, anunció la firma de un convenio entre el Ejecutivo y las instituciones insulares para garantizar la prestación de servicios a los cerca de 33.000 canarios dependientes que son atendidos, pero que no son beneficiarios de la Ley de Dependencia.
El Gobierno de Canarias y los siete cabildos insulares firmarán convenios de colaboración para garantizar las prestación de servicios a las personas en situación de dependencia que actualmente son atendidos gracias a los Planes Insulares de Discapacidad o de Mayores y que aún no han sido incluidas dentro de los parámetros que articula la Ley de Dependencia.
Según explicó la consejera de Bienestar, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, el acuerdo contempla una inversión global de 40.407.195 euros, de los cuales algo más de 26,6 corresponderán al Ejecutivo canario.
"La novedad, y creo que es un caso único en España, es que no sólo financiará la consejería que presido, sino también la de Sanidad, que aportará 12 millones de euros", indicó Rojas antes de señalar que esta circunstancia se da debido a que anteriormente a la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, en Canarias ya se atendía a miles de personas.
"Estamos trabajando en ver cómo podemos hacer que ambos sistemas -el canario, que ya existía, y el que ha puesto en funcionamiento el Gobierno central- se encajen de la mejor manera posible, porque lo que no podemos hacer es borrarlos de un plumazo. Por eso se ha acordado un periodo transitorio con el Ministerio de Política Social en el que estarán funcionando los dos, pero se tiene que seguir financiando y eso es lo que se ha acordado".
Críticas del PSOE
La secretaria de Bienestar Social de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Marisol Pérez, insistió ayer en que Canarias está a la cola "se mire por donde se mire" la Ley de Dependencia y acusó a la consejera de Bienestar Social de no saber a qué destina los fondos.
"A Inés Rojas le desaparece el dinero y no se sabe en qué cuentas", observó la socialista, que visitó Tenerife.
Pérez insistió en que el Estado ha transferido a Canarias 77 millones de euros desde que comenzó la Ley de la Dependencia y que, sin embargo, sólo hay 7.500 personas que reciben ayudas, además de que la lista de espera es de 23 meses. Asimismo, lamentó que tampoco se hayan desarrollado servicios de teleasistencia o centros de atención (respiro familiar, residencias, entre otros) para quienes precisan de algún tipo de ayuda.
"Si las 18.000 personas reconocidas como dependientes tuvieran alguno de estos servicios, sería estupendo", declaró la política, que insistió en que esta situación obedece "exclusivamente a un problema de gestión" de Inés Rojas.
Fuente : eldia.es
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