Antón cree que "no hay vuelta atrás" en Ley de Dependencia pese a la crisis
El consejero de Familia de Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, César Antón, ha afirmado hoy que pese a la crisis "no hay vuelta atrás" en la aplicación de la Ley de Dependencia aunque pide al Gobierno instrumentos para que sea coherente y equitativa en las diecisiete autonomías.
El Consejo Territorial de la Dependencia, en el que participan autonomías y Gobierno, "no lo está haciendo como lo tiene que hacer" para cumplir las premisas de la Ley, como que la financiación sea al cincuenta por ciento o que haya una regulación única de la capacidad económica del dependiente, ha observado Antón en un desayuno informativo con la Agencia EFE.
No existe un acuerdo general de todas las autonomías con Hacienda o la Seguridad Social para agilizar la resolución de las prestaciones, que sí funciona en Castilla y León y que permite resolver en la mayoría de los expedientes en seis meses, ni hay una solución común a problemas como qué pasa si un beneficiario del derecho de la dependencia fallece antes de percibir la prestación.
Antón es consciente de que la crisis obligará a hacer un "sobreesfuerzo en los criterios de racionalidad y prioridad" a la hora de confeccionar los presupuestos de 2010 y con la vista puesta en qué recorte, de los 1.200 millones autonómicos, corresponderá a Castilla y León, según les ha reclamado el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
La crisis económica, que deja detrás una crisis social de "situaciones familiares y personales de desempleo" y la aplicación de la Ley de Dependencia, le sirven al consejero para defender que el departamento que dirige "está muy bien justificado" dentro del debate nacional abierto sobre ajustes de consejerías y desde el reconocimiento que todas las administraciones "van a lo que más se ve".
Herrera les ha insistido en que "más que nunca el esfuerzo y la responsabilidad son imprescindibles y necesarios" con ajustes "dentro de cada casa", primero en la Autonómica, donde en los presupuestos de 2010 la Consejería de Familia se salvó del ligero recorte presupuestario, con un aumento del 1,7 por ciento; y en la propia, con un aumento del 4,5 de la Gerencia de Servicios Sociales.
Lo más inmediato será poner en marcha la Renta Garantizada de Ciudadanía, no exenta, como todas las ayudas, de dificultades técnicas, y a la que le falta el "último puntillazo" para que pueda comenzar a funcionar a partir de diciembre.
Antón no ha dudado de que "las políticas sociales seguirán siendo prioritarias" para Herrera, ni de que en la Ley de Dependencia, "mientras no se cambie, no hay vuelta atrás", aunque sea una norma con "una incidencia presupuestaria muy fuerte".
En Castilla y León, "mientras se tenga el derecho reconocido se le va a prestar", ya que así se recoge en el proyecto de Ley de Servicios Sociales aprobado por la Junta y en tramitación parlamentaria. "Lo que no puede garantizar nadie es que alguien llegue al Gobierno y cambie la ley estatal", ha puntualizado.
Cuando falta menos de un año para que acabe la legislatura, Antón también ha valorado los avances en violencia de género, con una Ley en tramitación en las Cortes regionales que reconoce el derecho de las víctimas y de los menores a su cargo a recibir asistencia, aunque reconoce que todavía hay que incidir en el tema de la protección.
En este sentido, ha afirmado que el propio Ministerio "es consciente de que no se ha respondido a las expectativas que había" con mecanismos para "una mejor respuesta" como las pulseras para los maltratadores, asuntos que aún requieren "un empujón muy grande", al igual que haya más "juzgados específicos".
Sin ir de "Llanero solitario o Supermán", que tampoco "se trata de acallar cualquier comentario sino de actuar en sus justos términos", Antón ha explicado que cuando tiene que hacerlo "da un toque" contra comentarios machistas.
Las restricciones económicas impiden poder pensar "en el planteamiento loable de universalizar" la atención de cero a tres años, y desde una postura "racional" Antón ha observado que con las 15.000 plazas públicas que habrá a final de legislatura en la Comunidad se cumplen los planteamientos de la UE de una oferta de un 33 por ciento para ese tramo.
En cuanto al endurecimiento de la Ley antitabaco anunciado por el Gobierno ha opinado que "conseguirlo todo por imposición es difícil", por lo que debe buscarse el máximo consenso y un equilibrio que está "en proteger la salud y respetar las decisiones personales y la voluntad" de cada uno.
Fuente : abc.es
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