ASTURIAS - LA LEY SE JUDICIALIZA

La ley de la Dependencia se judicializa

Asturias será la tercera región en habilitarlo tras el aumento de quejas por retrasos en las ayudas y errores en las valoraciones .

El Colegio de Abogados de Oviedo pone en marcha un servicio de orientación a los afectados.

La Ley de la Dependencia llegará a los juzgados.
Los graves problemas que, ya sea por retrasos en su aplicación o por errores en las valoraciones, se están causando a los aspirantes a beneficiarse de ella serán examinados por un juez.

Asturias contará el año próximo con un Servicio de Orientación Jurídica de Dependencia (SOJ) impulsado por el Colegio de Abogados de Oviedo ante el aumento de quejas y consultas registradas en el último año.

El asturiano será el tercero de ese tipo abierto en todo el país.

Tras Valencia y Alicante, el Principado contará con su propio SOJ que, según manifestaron fuentes del Colegio de Abogados de Oviedo a EL COMERCIO, «se pondrá en marcha en el plazo de seis meses, pero estamos trabajando para que sea cuanto antes. Si se puede, a principios de 2011».

El encargado de impulsarlo es el abogado Ignacio Cuesta, responsable de los turnos de oficio dentro de la directiva del Colegio de Abogados de Oviedo. Cuesta explicó que la función del SOJ será «ofrecer asesoramiento jurídico a todas las personas afectadas por la aplicación de la Ley de la Dependencia». La nueva oficina estará instalada en la sede del propio colegio, en la ovetense calle de Schultz, «aunque todavía estamos decidiendo la ubicación».

El primer órgano colegial en aprobar un SOJ específico para la Ley de la Dependencia fue el de Valencia, que ofrecerá la atención de forma gratuita y que ha formado a parte de sus letrados en la Ley de la Dependencia porque, tal y como explicó al diario 'Abc' el decano del colegio, Francisco Real, «hemos querido asegurarnos primero de que los letrados que vayan a prestar el servicio cuenten con toda la información y experiencia necesarias para atender debidamente a los ciudadanos».

30 quejas a la Procuradora
Hasta el momento, las demandas contra la Ley de la Dependencia no contaban con un órgano que las centralizara y la disparidad entre las diferentes judicaturas españolas hace que en algunas comunidades sea obligatorio acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo, mientras que otros permiten que se tramiten por los juzgados de lo social.

Por ello, muchos de los afectados se dirigían, directamente, al Defensor del Pueblo. Así lo hicieron en Asturias 20 personas el año pasado, liderando el total de quejas que, por problemas de servicios sociales, registró la Procuradora asturiana, Antonia Fernández Felgueroso, que se ha mostrado especialmente vigilante con esta norma que «es un derecho subjetivo».

Tanto cuida la Procuradora asturiana esta ley que hasta ha realizado diferentes informes en los que discrepa con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda sobre la fórmula de aprobar los Planes Individuales de Atención (PIA), ya que entiende Fernández Felgueroso que «sí se pueden firmar PIAs diferentes en diferentes momentos de la vida del beneficiario», en contra de lo que defiende Bienestar.

De hecho, los PIAs y su firma son los principales motivos de protesta, ya que el retraso en cerrar este documento -mediante el que Principado y beneficiario de la Ley de la Dependencia acuerdan el servicio o prestación al que tiene derecho- supera el año. Aunque la norma marcaba, inicialmente, que en tres meses debía culminar todo el proceso -desde la presentación de la solicitud de valoración hasta recibir realmente el servicio-, su puesta en marcha ya evidenció los problemas para cumplir el calendario, por lo que este año, el de la revisión de la ley, se aprobó que el plazo fuera de seis meses.

Sin embargo, la propia consejera de Bienestar Social y Vivienda reconoció recientemente que, en Asturias, la demora «está entre doce y trece meses». Una situación en la que se encuentran ahora mismo 4.486 asturianos, los que dice el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) que ya han sido valorados, ya saben que tienen derecho a recibir una ayuda a la dependencia, pero siguen esperando. Es decir, si el SOJ se pusiera en marcha hoy mismo, podría recibir hasta 4.486 quejas. El 1 de enero, al sumarse los dependientes de grado I, la cifra se elevará a 7.208.

Fuente : elcomerciodigital.com