«No podemos dejar de prestar servicios porque el Estado no pague su parte»
A menos de seis meses de que finalice la legislatura, el consejero hace balance de las consecuencias de la crisis en su departamento y analiza las recientes leyes aprobadas
La Ley contra la Violencia de Género, la Ley de Servicios Sociales, la puesta en marcha de la Renta Garantizada de Ciudadanía, >el reconocimiento por parte de profesionales independientes de la sobresaliente aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad.
El departamento del que es responsable César Antón parece haber cogido carrerilla en los últimos meses del año y poder así presentarse con un digno balance ante los ciudadanos pese a las dificultades económicas.
—Primera semana en funcionamiento de la Renta de Ciudadanía. ¿Cómo ha comenzado la prestación?
Con absoluta normalidad y sin incidencias. En los dos primeros días han sido más de 500 las consultas realizadas y 91 solicitudes registradas.
En febrero de 2011 finaliza la prestación a parados de larga duración del Gobierno. ¿Se teme una avalancha de peticiones?
La renta es una ayuda económica a todos los miembros de la unidad familiar con una característica fundamental y es que en todo el conjunto no haya ingresos mínimos para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. Puede pasar que algún parado que deje de percibir todos los subsidios por desempleo, pase a cobrar la Renta, pero un desempleado no es inmediatamente un excluido.
—Pero si aumentaran las personas susceptibles de recibir la Renta Garantizada de Ciudadanía. ¿Tendría posibilidad la Junta de ampliar los 27 millones presupuestados para 2011?
—Tendríamos la obligación de hacerlo. Cuando realizamos la memoria económica de la Ley cogimos los 3.320 preceptores del IMI e hicimos una estimación hasta que se duplicasen los preceptores, pero como es un derecho, quien cumpla los requisitos hay que concedérselo, y por eso el crédito es ampliable.
—En cuanto a la Ley de Dependencia, en 2011 se suman los dependientes moderados (grado I nivel 2). Los fondos de la Junta (550 millones para el próximo año) ¿serán suficientes teniendo en cuenta que el Gobierno sigue recortando sus aportaciones?
—En 2011 a las 47.502 personas de grado II y III que ya están recibiendo prestaciones y servicios se sumarán nuevas solicitudes y otros dependientes que hemos calculado que serán unos 5.400. Entendíamos que con nuevos usuarios teníamos que incrementar, así que cuando el presupuesto de la Junta baja un 5 por ciento, el de la Gerencia de Servicios Sociales aumenta un 7 por ciento y los destinados a la dependencia un 13.
—¿Se ha pensado en aumentar el «copago» de los usuarios si el Estado sigue recortando sus fondos para esta prestación?
—Fuimos la primera autonomía en pactar con el Diálogo Social y con entidades como el Cermi la aportación de los usuarios, y luego cuando llegó el acuerdo del Consejo Territorial lo adaptamos. Además, trasladamos las bases de ese acuerdo a los ayuntamientos y diputaciones, con lo cual hicimos unos criterios homogéneos en toda la Comunidad. Lo que fue un error es que, en plena actividad de las prestaciones, en 2007, y avanzado ya el acuerdo del Consejo Territorial en 2008, como el Estado no sacó un Real Decreto de aplicación, cada Comunidad hizo una cosa, lo que ha generado desequilibrios que ya no se corrigen, y de una Ley estatal que se consideraba el cuarto pilar básico, con criterios de igualdad y equidad, lo que han surgido han sido 17 columnas. Pero no podemos pensar ni en incrementar el «copago» a los usuarios ni en dejar de prestar servicios porque el Estado no pague su parte, porque los ciudadanos y las familias no pueden pagar una mala gestión del Gobierno central.
—El Observatorio de la Dependencia ha otorgado a Castilla y León un sobresaliente en la aplicación de la Ley. ¿Qué deberes ha hecho la Comunidad?
—Castilla y León tiene una buena red de servicios sociales. El Gobierno autonómico, desde el principio, ha cumplido la Ley y hemos puesto recursos económicos. Además, el informe hace referencia a las leyes de servicios sociales, y en este apartado Castilla y León ha obtenido la máxima puntuación porque tiene una ley de nueva generación, que da el salto de lo asistencial a lo que es generar derechos a recibir servicios.
—Pero, ¿tiene fondos ahora mismo la Junta para desarrollar las prestaciones de la Ley de Servicios Sociales?
—La mayoría de las prestaciones se están dando ya. Si es verdad que el tema asistencial puede llegar un momento en el que, si no tienes presupuesto y eres restrictivo en la convocatoria pueden entrar unos sí y otros no. Pero con la nueva ley el razonamiento es el mismo que con las prestaciones de dependencia o la Renta de Ciudadanía, para quien cumpla los requisitos es un derecho. La obligación de las administraciones es, con el presupuesto que haya, satisfacer los derechos ganados y si no hay, se tendrá que ampliar.
—El PSOE ha denunciado el recorte, de «tapadillo», en algunas políticas de su departamento: formación de discapacitados, la lucha contra la droga, etc.
—Estamos en una situación en el que se han tenido que ajustar los ciudadanos, las familias, las empresas y también las administraciones. Y las administraciones nos ajustamos a través de los presupuestos, y siendo consecuentes con algo que se le está pidiendo a todos los estados, que es reducir el déficit. En Castilla y León hasta ahora se había invertido en muy buenas infraestructuras —centros de de día, ocupacionales…—, y ahora no tocaba, pero aún así garantizamos todos los contratos de inversiones hechas y todas las subvenciones concedidas. Además, al Gobierno se le pidió un plan de austeridad, por el que todas las entidades que reciben subvenciones de la Junta las verían recortadas en un 10 por ciento.
—¿Y en qué se han visto afectadas esas entidades o asociaciones?
—Les hemos dicho que no es el momento de desarrollar programas de mejora en la calidad asistencial, que requieren de un grupo de profesionales y unos trabajos de investigación. Pero la atención a la persona que está en un centro de estas entidades va a continuar porque tenemos un concierto por el cual a la persona con discapacidad calificada que no pueda entrar en nuestros centros se le va a pagar el coste de la plaza. Es decir, garantizamos la asistencia con la calidad que hay ahora, pero igual hay que aparcar, no olvidar, determinados programas. Eso es priorizar.
—¿Cómo afronta la recta final de la legislatura?
—Estamos a seis meses escasos de volver a presentarse ante las urnas y, entre otras cosas, tenemos aprobadas la Ley de Servicios Sociales y la de Violencia de Género, la Renta de Ciudadanía ya se puede solicitar... Es importante poderse presentar a los ciudadanos con este balance. Las grandes actuaciones están ahora mismo ultimándose o están ultimadas. Creo que es producto de haberlo hecho cuanto antes, porque los últimos años han sido de recortes , y el haberlo tenido un poco avanzado hace que tengamos unos datos dignos de presentarlos a los ciudadanos.
Fuente : abc.es
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