LOS DERECHOS DE LOS DISCAPACITADOS Y LA CRISIS ECONÓMICA

Los derechos de los discapacitados y la crisis económica.

Día 3 de diciembre, proclamado por las Naciones Unidas como Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La declaración de esta fecha, aunque tiene efectos más mediáticos que prácticos, no deja de ser una oportunidad para la sensibilización de la sociedad ante los problemas del colectivo: se organizan actos públicos para mostrar la discapacidad, se implican las instituciones, participan los políticos y los medios de comunicación suelen reservar un espacio para que las personas con discapacidad puedan hacerse eco de sus reivindicaciones.

Llegados pues a esta fecha, es necesario hacer un repaso de la situación general de la discapacidad durante el año 2010 y los principales retos que afrontará el sector en los próximos años.

Este año ha estado marcado por la materialización de las consecuencias de la aguda crisis económica que estamos atravesando, consecuencias a las que no ha sido ajeno el sector.

En los últimos tiempos se había avanzado mucho en la protección de los derechos de las personas con discapacidad; la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (más conocida como 'Ley de la Dependencia' -año 2006) y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada en el 2006 y que entró en vigor para España en el año 2008) suponen dos hitos fundamentales en la reivindicación de los derechos del colectivo, reconociéndose por primera vez en el ordenamiento jurídico español derechos subjetivos de las personas con discapacidad exigibles incluso ante los jueces y tribunales.

El problema surge porque ambos textos legales habían sido aprobados en tiempos de bonanza económica y optimismo generalizado, pero la efectiva implantación de los mismos se habría de producir a posteriori, siendo evidente que las circunstancias económicas han variado considerablemente, por lo que las Administraciones Públicas están teniendo serios problemas para su aplicación.

Por ello hemos de plantearnos si las perspectivas de futuro de las personas con discapacidad son tan halagüeñas como las expectativas generadas por estos textos legales, y el impacto general de la crisis económica sobre su futura implantación.

Es curioso que entre las medidas incluidas en el primer ajuste económico serio del gobierno (mayo de este año) se haya colado de refilón una que apenas ha tenido repercusión mediática, pero cuyo impacto económico en las familias de las personas con discapacidad a las que afecta es enorme: la derogación de la retroactividad del pago de las prestaciones de la Ley de la Dependencia a la fecha de inicio del expediente.

Esta medida supone, por ejemplo, que una persona que esté pagando una plaza en una residencia (pongamos una media de 1.400 euros al mes, precio público fijado por la propia Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias para una persona con dependencia de grado 3) y que solicite la valoración de la dependencia, no tendría derecho a cobrar la prestación hasta la fecha en se resuelva el expediente administrativo (el plazo medio de resolución de expedientes suele ser de un año, aunque la propia medida limita la irretroactividad a los primeros 6 meses), lo que supondría que la persona con dependencia podría dejar de percibir hasta 8.400 euros.

Así pues el coste económico que supone esta medida para las personas con dependencia es altísimo, mucho mayor que la congelación de las pensiones para los jubilados o incluso el recorte de sueldos para los funcionarios, siendo el impacto para las cuentas del Estado muchísimo más limitado.

Tampoco son más optimistas los pronósticos atendiendo a los comentarios más recientes de algunos de nuestros políticos, que incluso se plantean la suspensión de la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia para las personas con dependencia de grado 1 (exigida por la propia ley para este próximo año 2011).

¿Y cuál ha sido la respuesta de las entidades representativas del sector a estos recortes? Prácticamente ninguna; incursas en discusiones sobre el coste de los servicios, precios públicos., estamos muchas veces olvidando la protección de los derechos de nuestros representados: las personas con discapacidad y sus familias.

El sector en general se ha acomodado tras la aprobación de los textos legales, olvidándose que todo lo conseguido hasta ahora por las personas con discapacidad se consiguió tras muchos años de lucha social en las décadas de los 80 y 90, con el esfuerzo de muchas familias que sacrificaron su vida por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, pero que este camino siempre se puede desandar.

Corren tiempos de crisis para todos, que generarán sin duda numerosos recortes sociales, por lo que las personas con discapacidad y sus familias deben darse cuenta que sólo a través de la lucha y la movilización social a través de las entidades que lo representan pueden evitar el futuro recorte de sus derechos.

Fuente : elcomerciodigital.com