El 'caso Olot' destapa la precariedad y la dispersión legal de los asilos
Residencias antiguas y mal dotadas atienden a ancianos que precisan muchos recursos
Las dificultades económicas se ceban con los centros pequeños
En España hay alrededor de 212.000 ancianos ingresados en residencias, el 62% mayores de 80 años y el 70% del total, dependientes. Muchos de ellos están en pequeñas y antiguas residencias, cuyo tamaño, en ocasiones, afecta a su viabilidad económica. En noviembre se ha destapado el caso Olot, donde un celador se ha confesado culpable de la muerte de 11 ancianos , mes a mes, sin que nadie lo notara. ¿Están los ancianos suficientemente seguros en los geriátricos?
Cómo se les atiende, quién les da las medicinas o les pone insulina, cuántos médicos o enfermeras vigilan su salud, de cuántos pañales disponen e incluso su alimentación es algo bien dispar de una comunidad a otra, incluso de un geriátrico a otro. Hay tanta normativa como Comunidades Autónomas, alguna más antigua, otra de moderna redacción. El número de metros cuadrados por usuario en el comedor o en las habitaciones también cambia por regiones y, de nuevo, dependen de cada residencia.
¿Cree que puede haber más de un celador que se encargue de administrar insulina a los ancianos? "Sí", responde sin dudar Alicia Azaña, secretaria general de Aeste, la patronal de las grandes empresas de los geriátricos, como Mapfre, el Grupo Sar, Eulen, Ballesol, entre otras. "Cada vez que escucho lo del celador de Olot me llevo las manos a la cabeza, no me explico siquiera cómo tenía acceso a la insulina", dice.
"Las inspecciones se han intensificado", sigue Azaña, "y el que no mejora y se profesionaliza está condenado a desaparecer", afirma. Esto afectará siempre en mayor medida a las residencias pequeñas. "Es una cuestión de viabilidad económica. Los geriátricos con menos de 50 plazas difícilmente se pueden permitir tener el personal necesario. Eso no quiere decir que las pequeñas no estén trabajando bien, solo que algunas, quizá, no deberían estar atendiendo a grandes dependientes, que son los más complicados y las plazas más caras", afirma Azaña. "Me consta que este año se han cerrado más de 50 centros en Madrid y otros tantos en Barcelona".
¿Cuántos se han cerrado en toda España? El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad echa mano de la sempiterna respuesta: "Eso es cosa de las comunidades". En España hay casi 5.100 geriátricos, según los últimos datos del Gobierno (Imserso), de 2008. Cataluña es la comunidad que más tiene: 1.253. Muchos de ellos, 851, son pequeños, de menos de 50 plazas. Andalucía es la segunda en esta lista, con 362 geriátricos pequeños.
Cabe la reforma, una readaptación que les permita seguir funcionando, pero el sector, a pesar de ello, está condenado a una fuerte reconversión que, a decir de los expertos, llevará al menos cinco años hasta que se vayan homogeneizando los índices de calidad. Morirán muchas pequeñas empresas, algunas porque no podrán adaptarse y otras por ahogo económico. Para concertar plazas con la Administración hay que cumplir ciertos requisitos y quizá, no estén en condiciones de pasarlos.
Las nuevas residencias, por lo general, son grandes y están ya construidas y dotadas de acuerdo con normas actuales. La Ley de Dependencia, la vía por la que entran ahora los ancianos a las residencias, estableció unos mínimos en cuanto a las plantillas que han de trabajar en estos centros por usuario, a cumplir entre 2011 y 2015. Practicamente ninguna comunidad los ha incorporado en sus normas autonómicas, lo que no quiere decir que alguna de ellas no tenga normativa más exigente.
"Pero los mínimos acordados por las comunidades en ese decreto estatal son tan mínimos que apenas permiten corregir la situación de las comunidades más rezagadas. Y además se concede mucho margen de maniobra, así que, al final, cada comunidad tiene unos requisitos distintos", dice Almudena Fontecha, responsable de Política Social en UGT.
Esta disparidad de criterios complica la vida a las empresas, que han de adaptarse a cada comunidad. Tampoco los trabajadores son los mismos, ni sus horarios. Un celador no puede administrar medicinas. Eso es común en toda España. Y poca cosa más.
Andalucía tiene una de las normativas más exigentes y es un buen ejemplo para ilustrar lo que ocurre. Las nuevas residencias en esta comunidad ya se hacen con todo lujo de detalles, pero con estos flamantes centros conviven antiguas residencias que se acogieron a normas anteriores.
"En Andalucía como en el resto de España, las antiguas han de tener un plazo de adaptación, esto no se puede hacer de un día para otro, porque se dejaría en la calle a muchos empleados y además hay que reubicar a los abuelos.
Además, cerrar sin abrir otros significaría disminuir el número de plazas. Ahora bien, hay casos clamorosos que deben cerrarse ya porque no reúnen las condiciones mínimas, en todas las comunidades", explica Gustavo García, experto en gestión de residencias y director de una de ellas en Zaragoza.
No es de extrañar que, de pronto, salten escándalos por la alimentación, la higiene, ancianos atados a las sillas, o el último, en Olot, en manos de la justicia.
"El control de calidad va a seguir fallando", vaticina la responsable de Política Social de CC OO, Rosana Costa, "porque se están desvirtuando los conciertos públicos, que en realidad son concesiones a las empresas. Una vez establecidas las condiciones y efectuado el concurso público, la administración no tiene tanto poder de control. Hacer concesiones, como en las autopistas, no es lo mismo que hacer conciertos como en la escuela, donde la administración mantiene todo su control", dice.
El dinero parece ser la clave de nuevo. Las empresas se quejan de que lo que paga la Administración por concertar las plazas no cubre los gastos, por eso solo les sale rentable, y no del todo, dicen, a las grandes residencias. Y los sindicatos insisten: si a una empresa no le alcanza el dinero, reducirá la calidad.
La batalla por la calidad
La calidad. Esa es la gran batalla que ha de librarse en lo que a residencias de ancianos se refiere.
Conscientes de ello, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha presentado al Imserso un modelo de acreditación de centros y recursos con la pretensión "de que las Administraciones y las propias residencias lo vayan incorporando a sus reglamentos", dice el secretario general de la SEGG, Alfredo Bohórquez. Hay muchos extremos que tratar y Bohórquez cita solo algunos a vuelapluma: la vigilancia de las salidas incontroladas de algunos ancianos que se pierden, el control de medicamentos y de la medicación, los indicadores centinela para la selección del personal, un protocolo para los fallecimientos que cuente con la compañía de los familiares siempre que sea posible.
Estos y muchos otros servirían para las residencias, pero también para otros servicios, como el de ayuda a domicilio, los centros de día o la teleasistencia, que se tratan en el documento. "La evaluación de todos los servicios es fundamental y en este caso no se puede olvidar que se está tratando con personas", dice Bohórquez.
Aspectos que son obvios en otras políticas no tienen el mismo recorrido aún en los servicios sociales, el cuarto pilar del Estado de bienestar, más joven y menos dotado y controlado.
Fuente : elpais.com
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