lunes, 13 de diciembre de 2010

ESPERANDO DES-ESPERANDO RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN

ESPERANDO DES-ESPERANDO RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN


Respetados señores,

Es mi deseo compartir con ustedes nuestra situación, con la esperanza de ver publicada mi realidad, triste realidad, acudo a ustedes, para hacerles partícipes del olvido burocrático al que me tiene relegada la Dirección General de Coordinación a la Dependencia de la Comunidad de Madrid.

Me consta que somos más de los que debiéramos los que nos encontramos así, abandonados, obviados y con los derechos vulnerados, pero quizás consideren que mi caso es un poco especial, y quiero dejar testimonio del trato recibido hasta la fecha por parte de una Administración opaca y lenta, quiero evidenciar la aplicación de una Ley y quiero informar de los resultados: dos expedientes que han sido sumidos y abandonados en el “limbo administrativo”.

Permítanme que me presente y explique nuestra situación:

Mi nombre es Ana Ezquiaga Gutiérrez.

Mis padres, diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer, en Fase VII ambos, se encuentran actualmente, en Residencia Privada.

No me queda más remedio, el ingreso residencial es la única alternativa de la que dispongo, ya que la evolución despiadada de la enfermedad hace que los cuidados y atenciones que requieren sean cada día más especializados y profesionales, pues en esta Fase, en la que se encuentran ambos, están prácticamente en estado vegetativo.

Mi odisea comenzó en febrero de 2008 cuando solicité ayuda para mi PADRE.

En diciembre de ese año valoraron a mi padre, y en febrero de 2009 nos mandaron un certificado concediendo el grado III ya entonces. Imagínense como está ahora, después de dos años.

Desde entonces ha sido un ir y venir, tanto a la calle Espartinas como a Agustín de Foxá, reclamaciones, requerimientos, escritos, quejas…, de las cuales guardo justificantes.

En febrero del presente año, se firmó la solicitud de PIA (Programa Individual de Ayuda), necesario para la concesión de cualquier tipo de ayuda. En mayo me solicitaron más documentación, y desde entonces no sé nada más.

Han transcurrido 300 días desde la presentación de la solicitud.

La Administración ha excedido, una y otra vez, todos y cada uno de los plazos dispuestos en Legislación para resolver.

Siempre que voy me dicen que todo es correcto, que no tienen ninguna retención por su parte, y que en breve empezaré a recibir la ayuda. Vamos camino de 3 años y sigo sin que a mi padre se le reconozcan unos derechos adquiridos por Ley.

Posteriormente comenzó mi MADRE con la misma enfermedad, solicitando la ayuda en febrero de 2009. El caso es igual o más grave, ya que hasta agosto de 2010, 550 días después de registrar la solicitud, no tuvieron a bien realizar la valoración.

Tras diferentes requerimientos y visitas a la Dirección General de Coordinación a la Dependencia consigo que me informen, aunque no he recibido Notificación por escrito aún, que, también como a mi padre, le han concedido el Grado III.

El 29 de octubre, ante mi sorpresa, me llamaron indicándome que me concedían plaza en una residencia de la comunidad, y que fuera a verla para ver si estaba de acuerdo. Ese mismo fin de semana la visité y me pareció correcta.

Quedaron en llamarme el martes día 2 de noviembre, ya que el 1 era fiesta. Me llamaron el día 3, y cuando iba a dar mi conformidad, me indican que había sido un error y que no tenía plaza.

Fui nuevamente a la calle Agustín de Foxá, y me indicaron que mi madre estaba "la primera en la lista de espera", pero que la llamada había sido un error. Le puedo decir que tengo incluso la documentación de la residencia con la normativa que tenía que cumplir mi madre, y se quedaron con los informes médicos.

Aún sigo sin entender dónde está el error.

El pago mensual por las dos plazas residenciales de mis padres, quienes necesitan atención profesional constante, es inasumible para cualquier familia.

Con una Ley que, entre otras opciones, tiene por finalidad contribuir a la financiación del coste del servicio, uno valora su existencia y aprecia que proporcione al menos un alivio. Pero a la vista de su desarrollo uno también duda de que efectivamente esté implantada.

Cuando se juega con la esperanza del alivio de las personas, como pasa con el cumplimiento de la Ley de Dependencia, cunde razonablemente la indignación.

Siempre he creído que las Leyes están para cumplirlas, y quienes no cumpliesen las Leyes deberían ser Juzgados con "todas las de la Ley".

Les ruego que publiquen lo que consideren oportuno, y que de esta forma la opinión pública se entere de la desvergüenza y desprecio con que se trata a uno de los colectivos más vulnerables e indefensos, nuestros mayores dependientes, y por extensión, a sus familias.

Una sociedad también se mide por el respeto a sus mayores, pues ellos dedicaron y entregaron toda su vida a crear una sociedad mejor.


Con las gracias anticipadas, les saluda atentamente,


Ana Ezquiaga Gutiérrez

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