Concentración ayer en Castelló a favor del cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Los afectados reclaman la construcción de Centros de Día La Comunitat ocupa el tercer lugar por la cola en el desarrollo de la ley
El 91 por ciento de las ayudas de la Ley de Dependencia otorgadas por la Generalitat a enfermos de la provincia de Castelló son ayudas económicas destinadas al cuidado de familiares o plazas residenciales.
Esta cifra contrasta con la media española en la que las prestaciones económicas se sitúan en un 78 por ciento. La Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència se concentró ayer en Castelló para denunciar la política en esta del Consell, "ya que sólo el nueve por ciento de las prestaciones económicas se están utilizando para servicios y Centros de Día".
El colectivo alertó de que los recursos no se destinen a crear servicios y se recurra por norma general a la prestación económica, "sobre todo si tenemos en cuenta que en la Generalitat aprobó un decreto de incompatibilidad de prestaciones por el cual un enfermo sólo tiene derecho a recibir un tipo de servicio, es decir, si te conceden ayuda económica ya no tienes derecho a una plaza en un Centro de Día", denunció la portavoz de la plataforma, María Armiño.
Tipos de ayudas
La normativa, aprobada hace cuatro años, establece cuatro tipos de ayudas; las económicas para los familiares cuidadores, el acceso a una plaza residencial y a un Centro de Día y otros servicios, como el transporte y la teleasistencia. Por tanto, los dependientes valencianos sólo pueden recibir una ayuda, "por lo que muchas familias han de decidir entre una plaza en un centro de día o un medio de transporte para llegar a él".
En la concentración, que reunió a unas 100 personas en el centro de la ciudad, se leyó un manifiesto para pedir la aplicación "inmediata" de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, ya que, según datos oficiales del Sistema de información SISAAD del Imserso, la Comunitat es la tercera región por la cola en la aplicación de la normativa.
Actualmente, hay pendientes de resolver unas 50.000 solicitudes y se estima que, desde que entrase en vigor la ley, un total de 13.000 personas han muerto en la Comunitat a la espera de prestación
.
En el manifiesto, la plataforma reivindicó un cambio en la política social del Consell "porque en lugar de hacer una apuesta clara por unos servicios públicos de calidad, se ha apostado por hacer negocio beneficiando a empresas amigas del Gobierno autonómico".
Desde el colectivo lamentaron que mientras en algunas comunidades autónomas aplican la medida a 20 de cada 1.000 habitantes, la cifra de la Comunitat se reduce a seis de cada 1.000 habitantes.
21 meses
Por otra parte, el manifiesto puso de relevancia las trabas administrativas, que provocan que el tiempo de espera entre la solicitud y la recepción del técnico del PIA sea de 21 meses. Los asistentes exigieron a la Conselleria de Bienestar Social que se comprometa a resolver las solicitudes en el plazo de seis meses.
Fuente : levante-emv.com/castello
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