El Imserso denuncia que la región no es transparente con sus cifras.
El Ejecutivo de Aguirre dice que aporta el 78% del gasto
Un total de 696.366 personas se benefician de la ley.
El Gobierno exigió ayer a la Comunidad de Madrid (PP) que sea transparente con las cifras de las que se jacta sobre la implantación de la Ley de Dependencia.
La consejera de Familia y Asuntos Sociales de Madrid, Engracia Hidalgo, aseguró, en la presentación de un estudio en el III Congreso de Dependencia de la Fundación Edad y Vida, que la región asume un 73% del gasto, frente al 15% del Estado y el 12% que copagan los propios usuarios. La media estatal, según el estudio, es del 55% para las autonomías, el 31% lo asume el Estado y el resto los dependientes.
Al Ministerio de Sanidad y Política Social le indignó que el Gobierno de Aguirre hiciera públicos sus datos, para echarse flores, cuando el Imserso lleva años solicitándoselos. "Nos gustaría que todo el mundo fuera igual de transparente", criticó a este diario la directora general del Imserso, Purificación Causapié.
"Estamos esperando que nos dé los datos desglosados", denuncia el Imserso
Según el estudio madrileño, en 2010 Madrid gastó más de 700 millones de euros en la aplicación de la norma. "Hemos apostado por la atención a la dependencia", aseguró la consejera madrileña.
"Nosotros hemos aportado en 2010 a la Comunidad de Madrid 157 millones, pero no sabemos qué ha aportado la comunidad, estamos esperando que nos dé los datos desglosados, como hace el resto de autonomías con más o menos detalle", criticó Causapié.
La Ley de Dependencia establece que su aplicación se debe pagar, a partes iguales, entre la Administración autonómica y el Estado, sin contar con la cantidad que aportan los usuarios mediante el copago. "Se trata del dinero adicional", recalca Causapié.
Es decir, que la memoria económica de la ley no tiene en cuenta el gasto que generan a las autonomías las plazas residenciales y en centros de día que ya subvencionaban mediante sus programas sociales antes de que entrara en vigor la ley.
Madrid atiende al 0,77% de su población, la mitad que la media
El Imserso exige además a Madrid que especifique qué recursos existían antes del año 2007 y los nuevos.
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, critica que Madrid, a su juicio, maquilla sus cifras. "Lo que han hecho es traspasar a las personas que ya tenían en residencias y centros de día al sistema de la dependencia", asegura.
Perversión del sistema
Según critica Ramírez, la propia comunidad habría potenciado el cambio de forma, pasando a contabilizar a sus antiguos beneficiarios como nuevos. Por tanto, explica, financia estas plazas por diferentes vías, incluida la financiación autonómica general destinada a ayuda social.
De hecho, según el estudio oficial, desde 2008, que fue cuando la ley se empezó a aplicar en la práctica, a 2010, la comunidad creó 3.174 plazas residenciales nuevas, mientras un total de 19.393 personas se benefician de estos recursos mediante la Ley de Dependencia.
Por otra parte, la directora general del Imserso también recordó que los criterios de reparto del dinero son iguales para todas las autonomías e insinuó que las hay más eficientes que otras: "Hay autonomías, como La Rioja, que están atendiendo al 2,38% de su población total. En cambio, en Madrid sólo se dan ayudas y prestaciones al 0,77% de sus ciudadanos".
UGT criticó también que el Gobierno madrileño aproveche que quedan menos de dos meses para las elecciones para "intentar arreglar ahora los destrozos de una mala gestión".
Fuente : publico.es/espana
Examen para una ley atascada
ResponderEliminarEl III Congreso Internacional de la Dependencia analiza desde hoy una ley que «se ha convertido en un subsidio»
Día 28/03/2011
Casi un millón de personas reciben alguna prestación o servicio.
Ya son 991.488 personas las que están recibiendo algún tipo de prestación o servicio de la ley de dependencia.
Una norma que en sus cuatro años de funcionamiento ha planteado un gran reto para los poderes públicos y que este año será sometida a un riguroso examen.
El Gobierno evalúa en estos momentos cómo se está aplicando. Y también los grupos políticos con representación parlamentaria revisarán sus pilares fundamentales.
A partir de hoy, además, se debatirá en el III Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida —organizado por la Fundación Edad y Vida— que inaugura la ministra de Sanidad, Leire Pajín.
Y es que la ley de dependencia siempre ha estado en tela de juicio, a pesar de que ha contado con el consenso de todos los políticos y con un gran respaldo social. Sin embargo, se ha constatado que hace aguas.
Se ha distorsionado hasta el espíritu con el que nació. Aprobada como una ley que daría prioridad a los servicios (residencias, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia), se ha hecho todo lo contrario y las prestaciones económicas han copado gran parte de las solicitudes. De hecho, representan el 54% de las ayudas que se conceden: Hay 398.205 cuidadores recibiendo una «paga» por atender a un familar dependiente. «Se ha convertido, por tanto, en una ley de subsidios», critica el director general de la Fundación Edad y Vida, Albert Verges.
Estos datos han dado pie a otro debate de fondo: la implantación de un nuevo modelo de atención «profesional y de calidad», dice Verges. Un modelo sociosanitario que se ocuparía de los dependientes que precisan de cuidados sanitarios y de recursos sociales. Con este sistema se ahorraría en costes, defiende Verges.
«El 25% de los enfermos crónicos ingresados en hospitales pasarían al modelo sociosanitario. Con lo que cuesta una de esas plazas (650 euros) atenderíamos seis personas en el sistema sociosanitario», añade.
Retrasos de hasta 15 meses
Los retrasos a la hora de evaluar a las personas dependientes (hay casos de hasta quince meses) es otro de los caballos de batalla que se deben superar.
Las Comunidades autónomas se comprometieron el pasado año a evaluar a los dependientes en un plazo máximo de seis meses. Pero no se conoce el cumplimiento o no de estos compromisos.
Lo que sí se demuestra en estos cuatro años son las desigualdades que existen por región. «Hay variaciones muy significativas. Por ejemplo, Madrid apuesta por los servicios profesionales y de calidad con una tasa de cobertura residencial de 4,7% y sólo casi 13.000 cuidadores familiares. Mientras que Andalucía es todo lo contrario: tiene una tasa residencial de 2,78% y más de 100.000 cuidadores. ¿Cuál es la mejor manera de atender a las personas?», se pregunta Verges.
Por último, los más de 5.000 millones aportados por el Estado para financiar esta ley no sirve para garantizar su sostenibilidad financiera. Otro de los puntos que se debatirán en este congreso con la asistencia, por vez primera, de consejeros de Economía de distintas Comunidades.
Fuente : abc.es