La Ley de Dependencia arrastra un 'agujero' de 25.000 millones de euros
La vicepresidenta Salgado ha encargado un estudio que evidencia que las administraciones ahorran con la norma porque son las familias las que se encargan de sus enfermos.
Existe un submundo detrás del déficit público y el Gobierno acaba de abrir la puerta para descubrirlo.
Según un informe encargado por el Ministerio de Economía y Hacienda a expertos independientes del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), la Ley de Dependencia, que inauguró en 2007 una red pública de servicios sociales para atender a un universo de tres millones de personas, arrastra un agujero financiero de 24.984 millones de euros, dato que no deja huella en ninguna estadística oficial.
La causa hay que buscarla en el despliegue del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD).
A pesar de que la norma que lo regula deja claro que las personas que no pueden valerse por sí mismas tienen el “derecho subjetivo” de recibir un cuidado profesional por parte de las administraciones (una plaza residencial, ayuda a domicilio, etc. ), la realidad ha ido por otros derroteros.
En la práctica, los beneficiarios de la Ley lo son por la puerta de atrás: el 47,8%, según cifras de febrero, tiene asignada una paga económica con la que se compensan los “cuidados familiares” que recibe.
O dicho de otro modo:son las propias familias, que en muchas ocasiones desconocen totalmente cómo tratar al dependiente en cuestión, las que cargan con sus enfermos.
Este apaño administrativo choca con la ley, que señala que estas pagas serán concedidas “excepcionalmente” siempre que se den las condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo recomiende el expediente médico de cada persona (técnicamente llamado Programa Individual de Atención).
Las comunidades autónomas, gestoras de este cuarto pilar del Estado del Bienestar, son parte interesada de este asunto.
De hecho, una vez que el SAAD echó a andar se acordó que las administraciones desarrollarían cursillos formativos para estos cuidadores no profesionales, así como medidas para garantizarles periodos de descanso.
Así es cómo personas anónimas en todos los rincones de España se han convertido en el sustento básico de la Ley de Dependencia, como refleja el estudio que publicará próximamente el IEF.
Los investigadores revelan cuáles son los recursos que habría que movilizar si hubiera que sustituir su labor, cuantificada en 3.248,71 millones de horas de trabajo al año.
Más del 2% del PIB
La traducción monetaria de esta tarea silenciosa desemboca en cifras que oscilan entre los 25.000 y los 40.000 millones de euros.
El primer dato corresponde al escenario más conservador (tiene en cuenta lo que cuesta de media una hora de ayuda a domicilio –7,67 euros– en las tres comunidades más baratas: Extremadura, Cantabria y Galicia).
El trabajo realizado por Juan Oliva (Universidad de Castilla La Mancha), Cristina Vilaplana (Universidad de Murcia) y Rubén Osuna (Universidad de Educación a Distancia) concluye que los servicios asistenciales que no están prestando las administraciones representa entre un 2,29% y un 3,79% del PIB el año estudiado (2008).
En el ámbito regional se ven más las diferencias: en Andalucía la mano invisible de los hogares ahorra a las administraciones 5.263 millones, cifra que alcanza los 2455 millones en Galicia y los 3.135 millones en Valencia (ver gráfico).
La falta de recursos ha sido siempre uno de los lastres de esta ley.
En estos momentos hay 700.000 personas en lista de espera para que las comunidades evalúen su grado de discapacidad y otras 300.000 en el limbo, aguardando a recibir sus prestaciones.
Por si fuera poco, la ecuación para financiar esta red asistencial genera desigualdades: un tercio de los recursos los pone el Estado, el otro las comunidades y un tercero los usuarios, a través del copago, que es diferente en función de dónde se resida.
Una norma que no pasa los controles de calidad
Agencias públicas, expertos y organizaciones sociales han sometido a diferentes exámenes a la Ley de Dependencia.
Así lo valoran:
· Informe Fitch. La agencia de ráting fue una de las primeras en advertir al Ejecutivo que su “autoridad puede ser cuestionada” si no se cumplen con las expectativas despertadas con la norma. En un duro informe emitido en 2009, censura el “desgobierno” que hay en las políticas sociales en España.
· Grupo de Expertos. Por encargo del Congreso de los Diputados un grupo de investigadores emitió el pasado año un informe que recoge la idea de crear nuevas cuotas –como hacer pagar a los jubilados sus medicamentos o redoblar el IVA– para asegurar la viabilidad del sistema público de dependencia. Alertan de que el reparto de recursos genera agravios comparativos entre las comunidades.
· Agencia Estatal de Evaluación. El estudio elaborado por este organismo dependiente de Moncloa asume que hay “prácticas contrarias a la ley” entre las comunidades y “sesgos” en la evaluación de enfermos con la motivación de atrapar más recursos. Cuanto más enfermedad se le reconozca a una persona, más dinero recibe la autonomía que gestiona su solicitud.
· Fundación Alternativas. La Fundación, próxima al PSOE, detecta “desviaciones” en el reconocimiento de los grados de enfermedad, en ocasiones a dedo, es decir, sin un reconocimiento médico previo al dependiente.
Fuente : expansion.com
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