Defensora pide cubrir las plazas pública en residencias con lista de espera
La Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón, ha sugerido a la Consejería de Servicios Sociales cubrir las plazas libres en las residencias públicas con ancianos en lista de espera y no con aquellos ya instalados en centros privados, aunque sí con algunos de éstos que no tengan inconveniente.
Esta sugerencia, facilitada hoy por la Defensora del Pueblo, tiene como fin evitar los trastornos físicos o mentales que puede ocasionar el cambio de residencia a las personas mayores.
Díez Jalón ha emitido una sugerencia para que la Consejería de Servicios Sociales revise la gestión de plazas en residencias de personas mayores en aplicación de la Ley de Dependencia.
Ha insistido, en nombre de las familias afectadas, que no se obligue al traslado de ancianos que ocupan una plaza privada cuando las plazas libres en centros públicos o concertados puedan ocuparse con otras personas que están en lista de espera.
Esta resolución está motivada porque, cuando quedan plazas libres en centros públicos o concertados, la Consejería insta al cambio de residencia a aquellas personas que ocupan plazas privadas y perciben una prestación económica vinculada al servicio, pero cree que esas plazas podrían cubrirse primero con otras personas que se encuentran en lista de espera.
"Jurídicamente es una situación complicada porque la normativa de dependencia establece que la prestación para servicios privados procede sólo si no se puede atender en centros públicos o concertados", ha explicado.
Por ello, recomendó a las familias solicitar las plazas públicas para que no perdieran sus prestaciones y, mientras tanto, estudió detenidamente los casos y ha propuesto la solución que estima más "equitativa" para todas las partes.
Ha recordado que, en octubre y noviembre de 2010, varias familias recurrieron a la Defensoría porque habían solicitado una plaza en una residencia pública de personas mayores, pero en ese momento no había plazas públicas disponibles, por lo que se les reconoció una prestación vinculada al servicio y acudieron a centros privados.
Al liberarse plazas públicas o contratarse nuevas plazas concertadas, estas familias recibieron una notificación de Servicios Sociales para que solicitaran de nuevo las plazas.
Las familias piden que se eviten los traslados siempre que sea posible para que las personas mayores puedan permanecer en los centros donde ya están integrados, orientados y habituados.
Cree que La Consejería de Servicios Sociales actuó de acuerdo con la normativa al habilitar prestaciones cuando no se disponía de plazas públicas y al intentar ocupar todas las plazas públicas y concertadas para no duplicar el gasto.
Díez Jalón ha reconocido el "importante" esfuerzo del Gobierno regional en el desarrollo de la Ley de Dependencia y su resolución, en este caso, no denuncia una mala gestión por parte de la administración, sino que sugiere algunas mejoras para una mayor satisfacción de los ciudadanos y evitar, en la medida de lo posible, cualquier trastorno a las personas mayores afectadas.
Fuente : abc.es
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