La secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano, ha defendido que "muchas" personas beneficiarias de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia prefieren quedarse en casa y gestionar la prestación económica directa que les ha sido asignada, en lugar de ir a una residencia.
Así lo ha afirmado Martínez Lozano durante su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad y Política Social del Congreso de los Diputados en respuesta a las críticas vertidas por los portavoces de PP, CiU e IU sobre los últimos datos del Sistema Nacional de Dependencia que demuestran que el 57 por ciento de las ayudas de la ley son económicas y no están relacionadas con un servicio.
"Nos olvidamos de lo que desean las personas a las que van dirigidas las políticas", ha aseverado la representante ministerial, que ha advertido de que "hay muchos prejuicios y malas imágenes sobre lo que quieren los mayores y los dependientes".
"Si les preguntan a ellos (dependientes) qué es lo que quieren, si servicios o prestaciones, la mayoría dice que son ellos los que quieren gestionar su autonomía. Son quienes tienen que decidir cómo quieren gestionar esta política de cuidados", ha advertido.
A su juicio, la realidad y actitud de los mayores sobre su autonomía "ha cambiado rápidamente en los últimos años", un aspecto que, según ha avanzado, "se verá en el próximo informe de evaluación de la ley" que el Gobierno tiene previsto presentar en la próximas semanas.
Asimismo, ha pedido a los diputados que sean "más rigurosos" a la hora de criticar el desarrollo de la norma, que, en su opinión, "en los tres años de vigor se le exige más que a una ley aprobada hace 25 años".
En este sentido, ha advertido de que "lo más importante" es que actualmente haya casi 700.000 personas atendidas, que, "hasta hace tres años, no recibían ninguna ayuda". "Hay demasiado prejuicios a la hora de valorar la norma", ha añadido.
PP Y CiU TACHAN AL GOBIERNO DE "DESLEAL"
Por su parte, la portavoz del PP en esta comisión, Lourdes Méndez, ha alertado de que el 57 por ciento de las prestaciones asignadas sean económicas porque le supone "menos esfuerzo" a las autonomías, que son las que tienen gestionar las ayudas. Asimismo, ha calificado de "desleal" al Gobierno por "recortar" los fondos destinados a las comunidades para sufragar los gastos del Sistema de Dependencia.
Desde CiU, Carles Campuzano ha advertido de que actualmente las comunidades autónomas son "las más afectadas" por el sistema de financiación de la ley, pues, según ha explicado, "se reducen los recursos para su aplicación mientras aumenta el número de dependientes". Asimismo, ha mostrado su desconfianza por la sostenibilidad del sistema y ha preguntado a la secretaria general si éste se va a mantener incrementando el copago por parte del dependiente.
Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha criticado el "recorte" de las políticas sociales por parte del Gobierno, al tiempo que ha pedido una "reorientación del escaso Estado de bienestar", que, según ha dicho, es "puramente asistencial y está basado en subvenciones e carácter económico".
"No es solo un problema presupuestario, sino que la ley tiene también un problema de reorientación, pues establecía que el apoyo económico era una excepción y no lo es; es un complemehnto de la renta", ha apostillado.
Fuente : europapress.es/epsocial
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