La Asamblea de Madrid decidió hoy, con 67 votos a favor y 53 en contra, exigir al Gobierno de la Nación que proporcione la financiación necesaria para la implantación de la Ley de Dependencia, así como se comprometió a seguir mejorando las políticas sociales en su conjunto "y en especial las dirigidas al fomento de la autonomía y a la atención a las personas en situación de dependencia".
Según los populares, en esta resolución aprobada hoy, sus políticas sociales han posibilitado la incorporación a la red de la Comunidad de Madrid de servicios sociales en los dos últimos años de "5.901 nuevas plazas para mayores dependientes y para personas discapacitadas y con enfermedad mental".
En la misma dirección, también se acordó reclamar al Gobierno central que tome en consideración los criterios de las comunidades autónomas en cuanto a distribución de los fondos disponibles destinados a la asistencia integral a mujeres víctimas de violencia de género y coordine con aquellas las medidas y actuaciones que, en esta materia, se vienen desarrollando.
Así, el Ejecutivo autonómico se compromete, con la aprobación de esta resolución, a aumentar la calidad de la atención integral que se presta a estas mujeres, a través de formación especializada de los profesionales implicados en la misma.
Por otro lado, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a que en la formación para el Empleo que se oferta en el ámbito de la Comunidad de Madrid, se refuerce el contacto y la atención a las necesidades de los sectores empresariales y de las empresas, "de manera que impartiendo una formación de calidad, se contribuya al mantenimiento del empleo y a que los trabajadores desempleados puedan acceder al mismo.
Del mismo modo, se pide la ejecución del III Plan de Prevención de Riesgos Laborales, y que se impulse todos los mecanismos necesarios junto con las organizaciones empresariales y sindicales y el resto de administraciones implicadas, para "lograr reducir la siniestralidad laboral y que los índices de Incidencia sigan bajando en la Comunidad".
Esta resolución recoge también reclamar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que adopte las medidas necesarias para que los españoles residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho a voto en las elecciones generales, autonómicas y municipales en las urnas.
LAS POLÍTICAS SOCIALES COMO EJE VERTEBRADOR
Como destacó su portavoz en la Asamblea, Inés Sabanés, para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida las Políticas Sociales son el eje vertebrador del Estado de Bienestar "que garantizan el carácter universal y público del acceso a determinadas prestaciones, reconocidas como derecho subjetivo, a los ciudadanos en condiciones de igualdad y no discriminación".
Sin embargo, a su juicio, la "tendencia" del Gobierno de la Comunidad a privatizar la gestión de estos derechos de los ciudadanos madrileños "está poniendo en peligro tanto la calidad de las prestaciones como la desigualdad a la hora de acceder a las mismas".
Por ello, en otra de sus resoluciones, rechazadas por la amplia mayoría del PP, solicitaban crear una Mesa de Coordinación entre ayuntamientos y Comunidad de Madrid para el seguimiento de la Ley de Dependencia y la unificación del programa informático con el que trabajan las distintas administraciones implicadas en el desarrollo de esta ley.
Además, consideran que hay que dotar de una financiación "suficiente y adecuada" a los ayuntamientos para que se puedan establecer los criterios de actuación en la gestión de sus Servicios Sociales y de la Ley de Dependencia, y dentro de los programas de respiro familiar, apuestan por establecer un mínimo de 20 horas por año para la formación del cuidador no profesional, "de tal forma que esa formación sobre atención a personas dependientes, le sirva en un futuro para su incorporación en el mercado laboral", explicó Sabanés.
En materia de Inmigración, IU opta por reforzar los medios de lucha contra las contrataciones irregulares de los trabajadores inmigrantes, "robusteciendo particularmente la Inspección Laboral y las formas de colaboración con las autoridades en aras a erradicar las prácticas de contratación que vulneran los derechos de los trabajadores".
También se opta por impulsar proyectos de formación y capacitación profesional como mejores herramientas para favorecer la inserción laboral de los trabajadores inmigrantes que les permitan adquirir los conocimientos necesarios para poder acceder al mercado laboral y así favorecer su integración social.
En materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, IU propuso incluir cláusulas sociales de género en los pliegos de condiciones para las contrataciones y subvenciones ofertadas por parte del Gobierno o de cualquiera de las empresas o entes del sector público de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral.
NECESIDAD DE UN PACTO LOCAL
Por otro lado, el PSOE recalcó la necesidad de desarrollar un pacto local, desbloqueando el trabajo de la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias y de las Comisiones Sectoriales para determinar funciones o servicios susceptibles de delegación o transferencia a las Entidades Locales, así como a los medios financieros, materiales y personales que, como consecuencia, se traspasen.
En este sentido, el portavoz adjunto del PSOE, José Manuel Franco, señaló que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ya intento ayer "criminalizar de buena manera a los regidores municipales" sospechando, a su juicio, primero con la nueva Ley del Suelo y luego dándoles el "apoyo moral pero no económico" para que sigan adelante.
Franco, que criticó que los ayuntamientos están endeudados y "no reciben ningún tipo de ayuda económica por parte de la comunidad de Madrid, señaló que con el fin de potenciar el desarrollo regional y la creación de empleo, se debe activar también el PRISMA 2008-2011 y adoptar medidas, en colaboración con los consistorios, para que su ejecución sea "más y eficaz".
Además, apostaban en esta resolución de corporaciones locales, que también fue rechazada, por la creación, con cargo a los presupuestos del año 2010, de un Fondo Autonómico de Inversión Local como complemento como complemento del Fondo Estatal y del Prisma regional destinado a la realización de inversiones productivas y la renovación tecnológica.
Del mismo modo, en este documento se aboga por incrementar en el presupuesto del año 2010 el Fondo Regional de Cooperación Municipal destinado a sufragar gastos corrientes de los ayuntamientos para el mantenimiento de infraestructuras, equipamientos y zonas verdes municipales.
Por último, apuesta por establecer un pacto, en el marco de la Federación de Municipios Madrileños (FMM), con los ayuntamientos de la región que fije criterios y contemple medidas para afrontar el desarrollo económico de la región, para llevar a cabo las inversiones necesarias que permitan una eficaz prestación de los servicios públicos esenciales y para hacer efectiva la aplicación de políticas
Fuente: adn.es
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