La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, cree que el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia puede estar completado en el ejercicio 2011-2012, dos años antes de lo previsto. "En 2009 se han puesto en el sistema 2.000 millones de euros. Con la nueva financiación también se ha dado un impulso a la Dependencia. Por un lado, con el orden que se ha ido estableciendo en ese trabajo realizado con las comunidades autónomas, con una mayor aportación económica, creo que en el 2011-2012 estará completado todo el desarrollo de la ley", dijo en declaraciones a la Cadena Ser que recoge Europa Press.
En todo caso, precisó que la ley lleva en vigor dos años y medio, y la consolidación de un derecho subjetivo, como es el derecho de las personas que tienen algún grado de dependencia, lleva un cierto tiempo". "Hay que tener en cuenta que en dos años y medio hemos recibido cerca de un millón de peticiones de personas que pudieran tener el derecho a recibir algún tipo de prestación y, de ellas, se han evaluado más de 800.000, y de esas, se ha reconocido el derecho a 650.000", insistió.
En este sentido, señaló que este proceso "lleva un tiempo y entraña una cierta complejidad", al tiempo que apuntó que hasta que no se ordenan las prestaciones y se consolida el derecho, hay personas que se encuentran en una situación de desprotección y de queja. "Lo entendemos y nos hacemos cargo. Pero trabajamos intensamente para que todas las personas puedan tener ese derecho", concluyó.
El portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, dijo en alusión a estas declaraciones, que el Gobierno, "antes de plantearse una aceleración de la implantación de la ley debería ser capaz de lograr que se aplique bien y hoy por hoy, el desarrollo de la Dependencia no está garantizando los objetivos de autonomía y calidad de vida marcados". Campuzano señaló, además, que el Gobierno "está siendo incapaz" de organizar un buen sistema de información, "algo que es competencia suya, de modo que no tenemos una radiografía exacta de lo que ocurre, por tanto, difícil será que la ministra se plantee así un adelanto de la ley".
Por su parte, el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, no ve la forma de adelantar la implantación de la ley como no sea "a costa de incrementar las prestaciones económicas a los cuidadores familiares, como se viene haciendo, a pesar de que esta ayuda está considerada como algo excepcional en la ley". O bien porque los dependientes moderados "tienen un nivel de protección tan bajo que no necesitará mucha inversión, teniendo en cuenta, además, que muchas de estas personas ya están atendidas por los servicios municipales".
Ramírez opina que el "verdadero reto está en la colaboración con las entidades locales para atender a los dependientes moderados, fundamentalmente en el seguimiento de las prestaciones que se conceden, por la proximidad de estas administraciones al ciudadano". "Es imprescindible reforzar los centros de servicios sociales municipales y los sistemas de información de la ley", concluye.
Fuente : elpais.com
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