La nueva Ley de Derechos Sociales sitúa a Castilla-La Mancha como referente a nivel internacional en políticas sociales
El delegado de Salud y Bienestar Social en la provincia de Ciudad Real, Ricardo Ruiz, ha participado en una jornada de trabajo con profesionales de los Servicios Sociales de la provincia de Ciudad Real, donde ha explicado que la nueva Ley de Derechos Sociales de Castilla-La Mancha, sitúa a la Comunidad como referente a nivel nacional e internacional en materia de políticas sociales.
Así, Ruiz ha argumentado que “es una ley moderna, de vanguardia, dinámica, con una gran participación social y promotora de cambios, una ley que quiere ser una palanca de cambio para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas en Castilla-La Mancha”, resaltando que la red de servicios sociales de la región atiende cada año a más de 200.000 personas.
Para el delegado de Salud y Bienestar Social se trata de una Ley ambiciosa que en la actualidad se pone a la cabeza en las Leyes aprobadas por las Comunidades Autónomas de España, las llamadas leyes de tercera generación, ya que según ha asegurado, da un paso más en algo tan importante como son las prestaciones garantizadas.
Para Ruiz, la consecución de esta Ley es una muestra de que la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por los servicios sociales es “inquebrantable”, algo que se pone también de manifiesto en muchos de los indicadores que recogen que hoy Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que más presupuesto dedica con respecto a su riqueza a los servicios sociales, tanto en lo que se refiere a la atención a mayores, como a personas con discapacidad, ayuda a domicilio y la teleasistencia.
En este sentido, Ruiz ha destacado que además, no sólo los ciudadanos se benefician de estas políticas sociales en cuanto a que son usuarios de servicios y prestaciones, sino que se beneficia el conjunto de la sociedad por la generación de empleo que conlleva y ha indicado que en los tres últimos años se ha incrementado en un 20 por ciento el número
de personas que trabajan en el ámbito de lo social en Castilla-La Mancha o que son ya más de 3.400 las personas que trabajan como auxiliares de ayuda a domicilio en la región.
Esta nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha se ha redactado en coalición con la sociedad, argumentó Ruiz, y por lo tanto, es participativa y consensuada, y en su elaboración han participado tanto los profesionales del área social, como la Federación de Municipios y Provincias, organizaciones empresariales y sindicales, entidades no lucrativas, los colegios profesionales y la Universidad de Castilla-La Mancha, entre otros.
Este proyecto de Ley, que entrará en vigor pasados seis meses de su aprobación, va a establecer que la protección social es un derecho de la ciudadanía para lo cual se recoge un catálogo de 23 prestaciones sociales garantizadas, es decir, que no son graciables por la Administración sino que constituyen un derecho.
Así, la nueva Ley establece un catálogo de prestaciones para los ciudadanos definidas con claridad y sencillez para garantizar que todos tienen conocimiento de sus derechos bajo criterios de universalidad, equidad e igualdad en su acceso.
Prestaciones como la teleasistencia domiciliaria a mayores de 70 años que vivan solos o tengan reconocida la situación de dependencia; la ayuda a domicilio a personas dependientes; el alojamiento temporal para las situaciones de urgencia social; la atención temprana hasta los 6 años de edad; la atención a menores en situación de desprotección, riesgo o desamparo, o la renta básica para personas en situación de exclusión social son algunas de las prestaciones que han quedado garantizadas como derecho ciudadano.
El Gobierno regional prevé destinar en torno a 1.000 millones de euros anuales para el desarrollo de esta ley que tiene como principal objetivo consolidar la red de servicios y prestaciones sociales de Castilla-La Mancha y no dar ni un paso atrás en su financiación pública.
“Este es un compromiso adquirido por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda” explicó Ruiz y surge de la reflexión y el trabajo conjunto del Gobierno Regional con los profesionales, entidades, asociaciones, instituciones y otras administraciones implicadas, cada uno desde su ámbito competencial, en la red de servicios sociales de la región.
El desarrollo de la nueva ley dotará a la red de servicios sociales de la región de nuevas herramientas de gestión como la tarjeta social que facilitará el acceso a los servicios; la historia social electrónica única o sistemas de información homogéneos.
“Herramientas que permitirán avanzar hacia una atención social de excelencia, con unos estándares de calidad a la vanguardia en España y Europa, y que supondrá, entre otras cuestiones, que cada persona que requiera el uso de los servicios sociales tenga un profesional de referencia que le ofrecerá una atención personalizada”, ha dicho.
Así, se establece una red de profesionales de servicios sociales tanto en Atención Primaria como Especializada, se mejora la formación del personal que trabaja en este ámbito y se refuerza la coordinación entre las diferentes administraciones.
Castilla-La Mancha referente
La nueva ley consolidará, estructurará y organizará de manera coordinada la red de servicios sociales de la región, una de las más completas de España y Europa según datos oficiales.
Así, Castilla-La Mancha se encuentra a la cabeza en la atención a las personas mayores, siendo la que más destina a este ámbito con respecto a su riqueza regional.
Es también la primera comunidad autónoma en cuanto a ratio de plazas públicas residenciales y la segunda si se suma las privadas; es la región que dispone de la red de viviendas para mayores más amplia de España y el programa de estancias temporales más completo del país, además de ser referencia en turismo y termalismo social. Asimismo, es la segunda comunidad autónoma en teleasistencia y la tercera en ayuda a domicilio.
En cuanto a discapacidad, Castilla-La Mancha dispone de más de 3.300 plazas en centros de día y centros ocupacionales, su red residencial cuenta con más de 1.700 plazas y el presupuesto de la Junta para la atención a personas con capacidades diferentes se ha incrementado un 52 por ciento en los últimos cuatro años, hasta alcanzar los 141 millones de euros.
En Dependencia, Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas mejor valoradas en cuanto a la aplicación y desarrollo de esta ley, que cuenta ya con 35.126 beneficiarios, lo que supone la incorporación de 1.000 nuevos beneficiarios cada mes en los tres años.
Por último, la región también ofrece una amplia cobertura en atención temprana y en los programas de atención a la familia; con más de 55.000 pensionistas, con las pensiones más bajas, que reciben una ayuda complementaria; unas 20.000 familias numerosas que reciben también una ayuda económica; el transporte interurbano gratuito para las personas mayores o el ingreso mínimo de solidaridad y las ayudas de emergencia social.
Fuente : oretania.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario