Dos madres de dependientes no entienden por qué sus hijos no tienen derecho a las prestaciones
Una anciana tardó dos años y medio en que se le reconociera la asignación correspondiente
Yeray, el segundo hijo de Mari Carmen Navarro, nació hace 28 años con parálisis cerebral. "Le faltó oxígeno en el parto", indica la madre, que inició desde ese momento "una lucha tremenda, siempre de médico en médico", buscando una solución o, al menos, una mejoría en la compleja situación de su hijo. Tras Yeray vendrían dos partos más, ambos sin problemas, pero eso no significaba que quedara olvidado el problema de Yeray, dependiente que necesita a una persona a su lado las 24 horas del día. "Hay que estar ahí siempre, hay que cambiarle pañales, ducharle o afeitarle. Él no habla ni dice cuándo le duele algo. Aunque con dificultades, puede caminar, pero siempre guiado y vigilado", explica Mari Carmen.
Desde que nació, la vida de Yeray ha estado marcada por las visitas a los servicios médicos y a los servicios sociales, un periplo que sus padres han sobrellevado con la esperanza de que el hijo tuviera la mejor calidad de vida posible y la ilusión de esa varita mágica que pudiera, quien sabe, dar la vuelta a la situación. No obstante, este sacrificio ha tenido un precio: Mari Carmen ha empeñado su vida en esos cuidados y nunca ha podido tener un trabajo fuera de casa.
En 2001 surgió la oportunidad de que Yeray pudiera pasar unas horas de las mañanas en un centro de día, y efectivamente, tras un año de papeleos sus padres consiguieron una plaza en el Centro de Atención de Minusválidos Psíquicos (CAMP) de San José de Las Longueras, en el que pasa la mañana. "Desde las tres de la tarde está en casa de lunes a viernes, porque el fin de semana no tiene cole", explica la madre.
De pronto surgió una lucecita en el horizonte de Mari Carmen con la Ley de Dependencia. "Me pareció una cosa digna que nos iba a ayudar a los que los están cuidando a dependientes en sus casas". Hizo la solicitud en mayo de 2007, pero a pesar de que a su hijo se le reconoció la mayor dependencia posible, el gran dependiente de grado tres en nivel dos, acabó siendo rechazada. ¿El motivo? Que pasa unas horas durante la mañana en el centro de San José de Las Longueras. "Me dicen que como ya está en el centro de día no puede tener ayuda, cuando además muchos de los días ni puede ir al centro y, en todo caso, siempre duerme aquí", explica esta madre, convencida de que en casos como el de Yeray Melián "inventan excusas para no pagar", porque "de haber dinero, ya se habría arreglado".
Rosa Delia Arencibia puede entender perfectamente el caso de Carmen Navarro porque la vida la puso en una situación similar. Su hija, Judith, tiene 31 años y también parálisis cerebral, con el máximo grado de dependencia reconocido. Al igual que Yeray, Judith Díaz no ha podido ser beneficiaria de una ayuda de la Ley de la Dependencia porque pasa unas horas de la mañana y el mediodía en un centro de día. En su caso, tiene además el agravante de que paga 175 euros al mes para que Judith pueda pasar esas horas en el centro. "Eché los papeles en julio de 2007, mi hija ya estaba valorada, y a finales de 2007 me citaron en la Consejería de Economía y Hacienda para que diera una cuenta corriente para el ingreso del dinero porque me reconocían que mi hija tenía el derecho a una prestación", explica Rosa Delia. Posteriormente la Administración cae en la cuenta de que no tiene derecho a la prestación porque está en ese centro de día, aunque no es gratuito. "Me dijeron entonces que ellos me daban el centro", pero no han vuelto a contestar, explica esta madre, que ha iniciado también la vía judicial.
VALORACIONES. Muchos son los dependientes ya valorados en Canarias y que están esperando comenzar a recibir las prestaciones, ya económicas o asistenciales. Son 19.293 personas. Algunas de estas familias, consultadas, prefieren que su historia no salga en prensa no vaya a ser que finalmente las perjudique.
El caso de Isabel Medina es distinto, porque ella sí ha visto ya aprobada la prestación para su madre, que está en una residencia. Desde que la solicitó han pasado casi dos años y medio, pues 'echó los papeles' en junio de 2007 y acabaron dándole la prestación en diciembre de 2009.
En este caso, su madre se encontraba ya en un centro privado, aunque la cantidad mensual que obtiene por la Ley de la Dependencia queda muy lejos de poder asumir los costes. "El Gobierno canario no ha creado ningún concierto con ninguna de las residencias privadas ni tampoco crean nuevas infraestructuras públicas", dice Isabel, que tuvo que pedir un crédito a una entidad bancaria para poder pagar el internamiento de su madre en un centro de mayores.
Fuente : lasprovincias.es
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