Responsabilidad con la Ley de Dependencia
ROSA ISABEL HERNÁNDEZ DEL CAMPO | CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE VALLADOLID
Actualmente, vivimos en tiempos de integración y ya nadie lo duda. El proceso comenzado con la aprobación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que pretendía crear lo que se ha dado en llamar el cuarto pilar del Estado de Bienestar, está resultando complejo y acumula múltiples obstáculos, tal y como recoge el informe sobre el despliegue y la efectiva aplicación de la ley, encargado a un grupo de expertos por el Congreso de los Diputados.
Esta Ley ha creado un nuevo sistema de prestaciones que convive con el sistema de servicios sociales ya existente, en el que comunidades autónomas y corporaciones locales tienen una dilatada experiencia.
Su aplicación requiere unificar los criterios de concesión de ciertos servicios, bien del sistema de servicios sociales ya existente, bien del sistema de dependencia. El servicio de ayuda a domicilio o la atención residencial no son un invento de la Ley, sino que existían ya en el ámbito de los servicios sociales, aunque ahora son un derecho para las personas con un grado y nivel de dependencia reconocido.
La unificación de criterios no la hace el Ayuntamiento de Valladolid unilateralmente, sino todos los municipios de más de 20.000 habitantes, las Diputaciones Provinciales y la Junta de Castilla y León de manera conjunta.
Así, en octubre del 2008 todos ellos acordaron aprobar unas condiciones homogéneas en la región. Y es que quienes tenemos responsabilidades de gobierno -con independencia del signo político- hemos entendido, unánimemente, que esto proporciona igualdad de trato a todos los ciudadanos de Castilla y León, lejos de uno de los escollos que impiden el desarrollo de este derecho, como es el que no exista un sistema único en todo el territorio nacional, sino tantos como comunidades autónomas.
El Consejo Territorial del Sistema de Dependencia, donde se reúne el Estado con todas ellas, publicó en esas fechas, con casi un año de retraso, los criterios para la determinación de la capacidad económica del beneficiario y su participación en los costes de los servicios con un criterio de mínimos. Después, cada Comunidad Autónoma lo ha regulado a partir de la norma dictada.
Surge de esta manera uno de los asuntos más polémicos en la aplicación de la Ley, el copago. La universalidad no implica gratuidad, porque no estamos ante el sistema de la Seguridad Social. La memoria económica de la Ley establecía que el sistema debía ser financiado tanto por la Administración del Estado como por las comunidades autónomas -incluidas las corporaciones locales- y los usuarios, a quienes se les reconocía el derecho a obtener una prestación. En este sentido, se cifraba la aportación de cada una de las partes, también de los usuarios, en el 33 % de media del coste de los servicios.
Conviene resaltar que la Ley de Dependencia señala expresamente que para establecer la aportación de los usuarios en los servicios recibidos hay que tener en cuenta tanto su nivel de renta como el patrimonio que poseen, algo que no ocurre en los otros tres pilares del Estado de Bienestar: pensiones, sanidad y educación. Y además, con independencia de estos niveles de renta, el artículo 31 obliga a abonar para el pago de estos servicios determinados complementos de análoga naturaleza y finalidad, abonados junto con la pensión correspondiente.
El acuerdo de la Junta de Castilla y León, las Diputaciones Provinciales y los municipios de más de 20.000 habitantes, independientemente de su color político, refrendado además en la mesa del diálogo social por todos los agentes, recoge que las personas con ingresos inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -establecido por el Estado y que para el 2010 es de 532,51 euros mensuales- no tienen que realizar ningún pago por ninguna prestación de dependencia, mientras que su contribución sube de manera progresiva de acuerdo con su renta y patrimonio, siempre garantizando que, después del pago, tengan una renta disponible de, al menos, el IPREM.
En consecuencia, las rentas más bajas son las que mayores beneficios obtienen y la regulación es claramente progresiva.
El principal efecto de todo este proceso es que el 1 de enero del 2010 ha marcado el cambio, cambio que va a suponer un copago medio para los beneficiarios del 20%, lejos del 33% contemplado en la previsión del coste económico del sistema para los beneficiarios. En definitiva, vamos a entrar en un sistema más equitativo, en el que cada beneficiario va a pagar lo mismo en cualquier punto del territorio de Castilla y León.
Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Valladolid? Que este proceso de «homogeneización» no lo han querido entender ni compartir ni el Partido Socialista ni Izquierda Unida, aunque lo hayan votado favorablemente en la Diputación Provincial. Un poco de coherencia no nos vendría mal.
En realidad, estamos hablando en el fondo de la financiación del sistema de dependencia ¿Cómo abordarla en este sistema de derechos? ¿Cómo afrontar el pago de las prestaciones económicas generadas? ¿Cómo atender a las más de 75.000 personas dependientes que exceden las previsiones iniciales en el conjunto del Estado? ¿Cómo el Estado puede quedarse en un porcentaje de financiación del 18% para el año 2010?
Demasiados interrogantes. No nos quedemos en un aspecto parcial de fácil manipulación para la ciudadanía. Esto sólo es la punta de un iceberg llamado sostenibilidad del sistema de dependencia. Les animo a que sigan el devenir del sistema de pensiones actual y su viabilidad económica si quieren tener una referencia.
Fuente : nortecastilla.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario