La actual Ley de dependencia impide crear 30.000 nuevos empleos
Hay más de 50.000 plazas vacías en el sector residencial y ocuparlas supondría un retorno positivo de 180 millones para el Estado, aseguran los empresarios del sector.
El Gobierno ha destinado en los últimos tres años 3.321 millones de euros al sistema de dependencia y para 2010 ha presupuestado un total de 1.671 millones, un 36,5 por ciento más que el año anterior.
La Ley de Dependencia es una oportunidad para crear empleo, pero desaprovechada por ahora. Así lo creen los empresarios del sector de residencias para personas mayores y dependientes, ante las más de 50.000 plazas vacías en residencias geriátricas y centros sociosaniarios. Ocupar estas plazas equivaldría a generar 30.000 nuevos empleos de calidad sin coste alguno para el Estado, según sostienen los empresarios.
Un informe elaborado por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) calcula que los 30.000 nuevos empleos para atender las plazas concertadas supondría un desembolso de 550 millones de euros para el sistema de Dependencia. A cambio, las administraciones públicas obtendrían un retorno directo de 684 millones de euros en concepto de recaudación por IVA, IRPF, Sociedades o en ahorro en el subsidio del paro, lo que arroja un saldo favorable de 130 millones de euros.
Para alcanzar estos objetivos, el presidente de Aerte y representante del sector de Dependencia en la CEOE, Alberto Giménez, propone un cambio de reglas, un nuevo convenio de financiación entre el Estado y las Comunidades Autónomas "para equilibrar las aportaciones", ya que las regiones correrían con la mayor parte de los costes, mientras que el Estado se llevaría la mayoría de los retornos. Por eso, el Gobierno tendría que reconocer que son las regiones las que están haciendo el mayor esfuerzo en desarrollar la Ley, asegura el presidente de Aerte. Giménez señala que "no se puede perder ni un minuto más sin crear empleo" y considera posible "crear servicios, aumentar prestaciones sociales, generar empleo y reducir el déficit".
El informe, que también eleva el copago al que tendrían que hacer frente los beneficiarios hasta el 39% del coste final de una plaza residencial concertada, ya está en manos de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y de los consejeros autonómicos del ramo, que han aprobado un fondo especial de 21 millones de euros para pacientes polimedicados que viven en residencias y mejorar los cuidados paliativos o la atención en ictus y enfermedades mentales, entre otros objetivos.
Lejos de ser un "estímulo" para la creación de empleo, como aseguró la ministra en el Congreso la semana pasada, el balance de la Ley es decepcionante en el terreno del empleo.
Tres años después de su entrada en vigor, la Ley sólo está generando puestos de trabajo en el ámbito familiar. De los 151.940 empleos que Trinidad Jiménez afirmó que se han creado gracias a la Ley, más de 100.000 se corresponden con cuidadores familiares que están suscritos al convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. Se trata, por tanto, de empleo no profesional y en su mayoría de personas mayores de 50 años.
Mientras esto ocurre son muchas las empresas del sector que están echando el cierre. Porque no se trata de un problema de demanda. Las solicitudes para entrar en estos centros exceden las plazas sin ocupar, según explica Alberto Giménez.
La clave es financiera. Las Comunidades Autónomas se han volcado durante estos tres años de vigencia de la Ley en las ayudas a cuidadores en el entorno familiar antes que costear servicios profesionales. La mitad de los 505.098 beneficiarios de una prestación reconocida por la Ley reciben ayudas para cuidados familiares que no superan de coste los 400 euros, frente a los 1.800 euros que vale una plaza en una residencia por término medio.
Fuente : elsemanaldigital.com
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