DESFASE DE 12.000 MILLONES EN AYUDAS A LA DEPENDENCIA

Un estudio refleja un desfase de 12.000 millones de euros en ayudas a la dependencia

Un equipo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Alcalá ha realizado un estudio sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en el que se pone de manifiesto que el presupuesto calculado para atender las necesidades de estas personas es insuficiente, ya que las estimaciones que se han realizado contemplan un coste y un número inferior de dependientes receptores de las ayudas públicas.
El desfase presupuestario puede alcanzar los 12.000 millones de euros.

La Ley de la Dependencia ha permitido en España que las personas dependientes puedan acceder a ayudas públicas. Sin embargo, los cálculos realizados sobre las personas que tienen derecho a este tipo de ayudas y su coste dista de la realidad, según se ha puesto de manifiesto en un estudio realizado por un equipo de investigadores encabezado por Irene Albarrán y Pablo Alonso de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y de la Universidad de Alcalá de Henares, respectivamente.

Según se recoge en dicho estudio y conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se estima que este año hay más de 900.000 personas dependientes con derecho a estas ayudas (han obtenido más de 25 puntos en el baremo de valoración que mide la intensidad de su dependencia y que realizan los organismos oficiales competentes), de las que aproximadamente dos tercios son mujeres.

Con estas cifras de personas dependientes con derechos a las ayudas públicas contempladas en la Ley de la Dependencia, los costes se situarían este año entre los 12.500 y 15.000 millones de euros, una cuantía que para el año 2015 –fecha en la que está previsto que funcione a pleno rendimiento el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España- oscilaría entre los 17.000 y 20.000 millones de euros.

Esta cifra es superior a los 4.426 millones de euros que las autoridades públicas tienen previsto destinar a este fin, reflejando de esta manera un desfase presupuestario que alcanzaría los 12.000 millones de euros aproximadamente.

Para los investigadores, este desfase se produce porque en la Ley de la Dependencia no se han seguido las pautas incluidas en el Libro Blanco de la Dependencia ni en otros estudios previos realizados al respecto y que se emplearon como referencia. Un hecho que ha sido el origen de desfases tanto en el número de afectados como en el coste de atención a los mismos, que son insuficientes.

Para los investigadores del informe, será necesario destinar más recursos humanos y económicos para dar atención y cuidados sanitarios, sobre todo, a las generaciones más longevas, además de ser precisa una redistribución intergeneracional de recursos y un aumento de los cuidados formales e informales.

Y es que la previsión, según los últimos informes del INE, es que la población anciana se duplique en los próximos 40 años, de manera que en el 2049 el grupo de edad de mayores de 64 años se multiplicará por dos, pasando a constituir el 31,9% de la población total.


Las estimaciones realizadas por los investigadores, utilizando las proyecciones de población del INE, reflejan que habrá entre 1,5 y 1,6 millones de personas en el año 2050, una cifra que equivaldrá al 3% de la población total.

Con estas estimaciones, de acuerdo con el estudio de los investigadores, se prevé que será necesario incrementar los gastos sanitarios y de atención a estas personas, y que los seguros públicos y privados tengan un papel más predominante en la cobertura de los servicios demandados.

En este sentido, consideran que es preciso contar con mecanismos de financiación que permitan captar recursos para poder sostener el sistema de atención. Otros países con más experiencia en este ámbito cuentan con algunos mecanismos que permiten que esta financiación proceda de cotizaciones sociales aportadas por trabajadores y empresarios. De hecho, en países como Alemania, los agentes sociales y el Gobierno federal están consiguiendo que este sistema no afecte de forma negativa a la competitividad de su economía.

Para los investigadores, esta necesidad de realizar un esfuerzo económico mayor del previsto debe abrir un debate sobre las alternativas y vías más adecuadas para financiar estos servicios en España.

Fuente : aprendemas.com