Las Cortes rechazan pedir a la Junta que fije en tres meses el plazo máximo de concesión de prestaciones por dependencia
Las Cortes de Castilla y León rechazaron este miércoles, con los votos del PP, pedir a la Junta de Castilla y León que establezca los plazos de resolución de los expedientes de concesión de las prestaciones de la Ley de la Dependencia, que no superen en circunstancias normales los tres meses, tal y como defendió en la Proposición no de Ley la procuradora socialista, María Sirina, quien denunció que el plazo se acerca más al año que a los seis meses.
Según explicó la socialista, desde que una persona solicita la prestación hasta que es valorada transcurren seis meses y para recibir la prestación ni se fijan plazos. Por ello, remarcó la necesidad de establecer un plazo máximo tanto para la valoración como para el disfrute de la prestación.
Por su parte, la procuradora ‘popular’ Paloma Sanz reiteró, en su intervención, que Castilla y León es la mejor comunidad en la aplicación de la Ley de la Dependencia. En cuanto a los retrasos, los justificó en que para evaluar la situación de un dependiente en ocasiones es necesaria la colabración de otras administraciones (como el Imserso o Hacienda, por ejemplo) y su demora se traduce en el retraso de las resoluciones.
Por ello, explicó una enmienda de sustitución para que las Cortes insten a la Junta para que inste al Gobierno central a aprobar, con carácter inmediato, los Reales Decretos por los que se aprueba la actualización de las cantidades de las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia, así como la actualización de las cuantías del mínimo garantizado por el Estado, con el fin de no producir indeferencias en la agilidad de la tramitación de los expedientes de personas en situación de dependencia.
Ante ello, la socialista, reprochó la presentación de esta enmienda porque “hablar de financiación es marear la perdiz y caer en la poca vergüenza” cuando la Ley de la Dependencia le sirve a la Junta para “hacer hucha”. Con esta actuación, dijo, la Junta reconoce que retrasa “conscientemente” las resoluciones porque “les falta financiación”. Algo, añadió, que es “mentira” porque “tienen financiación en tiempo y plazo”.
Del mismo modo, la procuradora socialista pidió el establecimiento de un procedimiento especial de urgencia para los casos más graves y urgentes de forma que los usuarios puedan recibir los servicios en un plazo máximo de 30 días. En este sentido, Paloma Sanz pidió la retirada de este punto puesto que todos los servicios sociales en cAstilla y León tienen un procedimiento de urgencia con total normalidad y garantía de atención.
Fuente : leonoticias.com
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