La Ley de Dependencia se da seis meses de plazo máximo para atender las solicitudes
La Junta asegura que en Jaén, donde 22.000 personas reciben ya ayuda, se cumplen los tiempos en la mayoría de los casos
Desde que se puso en marcha la Ley de Dependencia en abril de 2007, más de 42.000 jienenses han solicitado esta ayuda, habiéndose realizado la valoración del 95 por ciento de ellos hasta el momento.
Así, a finales de diciembre de 2009, eran 22.000 las personas dependientes que recibían algún tipo de recurso contemplado en esta normativa (ayuda familiar, asistencia a domicilio, residencias, centros de día...).
Sin embargo, para muchos solicitantes, la parte mejorable de la ley se refiere a la tramitación y al tiempo de espera desde que se solicita la ayuda y hasta que se comienza recibir.
Precisamente, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas alcanzaban hace unos días un acuerdo para acortar los plazos administrativos de la ayuda a la dependencia, estableciendo un plazo máximo de seis meses desde la solicitud de la prestación hasta el reconocimiento del derecho.
Para los menores de tres años, el plazo administrativo de reconocimiento de un grado de dependencia se reduce a 30 días. Hasta ahora, ese periodo de espera en la resolución de los expedientes superaba el año en algunas comunidades autónomas.
En la provincia de Jaén, estos plazos se están cumpliendo, según asegura la delegada para la Igualdad y Bienestar Social, Carmen Álvarez. «Al principio se tardaba más, pero por regla general se cumplen los tiempos marcados por ley». Ello no impide que «existan casos puntuales en los que por motivos de documentación se alarguen los plazos, pero no es lo habitual», dice la delegada.
Álvarez recuerda que «se trata de un sistema muy complejo, en el que intervienen las tres administraciones (nacional, regional y provincial) y en el que se debe trabajar de forma coordinada».
Es precisamente la prolongación excesiva en el tiempo lo que ha provocado casos como el de María del Carmen Martín, de Bélmez de la Moraleda. Ella y su hermana solicitaron acogerse a la Ley de la Dependencia para cuidar a su madre, que necesitaba de cuidados las 24 horas del día. Tras nueve meses, su expediente se aprobó y se les entregó el dinero con carácter retroactivo desde que habían pedido la ayuda. Sin embargo, ésta llegó tarde, ya su progenitora había fallecido diez días antes de la fecha de resolución. Ahora, la Administración les reclama el dinero recibido. «Hemos recurrido -dice María del Carmen- porque nosotras estuvimos cuidando de nuestra madre todo ese tiempo y ahora tenemos que devolver el dinero que nos han pagado por esos nueve meses», dice. Aún se encuentran inmersas en trámites administrativos (desde hace casi dos años) pero cada vez tienen menos esperanza de que se solucione su problema. «Nos han dicho que en la ley viene reflejado este caso y que si la muerte se produce antes de la fecha de la resolución, no nos pertenece el dinero. Pero no por ello deja de ser injusto».
La delegada para la Igualdad reconoce que existen algunas situaciones como ésta, en los que la persona fallezca durante los trámites burocráticos, pero apunta que «cada vez se produce menos, ya que hay que tener en cuenta que los primeros a los que se atendió eran los grandes dependientes, cuyo estado era muy delicado, por lo que era una circunstancia que podía suceder».
A día de hoy, se ha dado respuesta a los dependientes de grado III y grado II. A partir de 2011 se empezará con los de grado I (nivel 2) hasta llegar en 2014 al grado I (nivel 1), para los que tienen una dependencia más moderada.
Fuente : ideal.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario