Igualdad refuerza la inspección pero no evita los fraudes en la Dependencia
La Delegación ha hecho 133 controles en centros y 120 visitas a domicilios. Sin embargo, la falta de seguimiento a los beneficiarios de las prestaciones y los servicios continua dejando un vacío en la atención a los dependientes
La Consejería de Igualdad y Bienestar Social tiene la obligación de controlar que el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) responda a las necesidades y ofrezca la calidad suficiente para garantizar una atención correcta a sus usuarios.
Sin embargo, cuando están a punto de cumplirse tres años de la implantación de la Ley de Dependencia, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social aún no ha desarrollado la fase de la norma que contempla el seguimiento periódico del estado de los beneficiarios una vez que ya están recibiendo las prestaciones o disfrutando de los servicios asistenciales, y por tanto, la puerta a los fraudes y a la desprotección que sufren muchas personas dependientes continúa abierta de par en par.
Como ha confirmado el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Córdoba, José María Romero, el desarrollo de esta fase de la Ley que debiera partir de una colaboración de la Junta de Andalucía con los Servicios Sociales Comunitarios de los Ayuntamientos, es una de las principales reivindicaciones que reclaman los profesionales a nivel andaluz pues de momento, “no existen garantías de que las prestaciones y los servicios que se están prestando cumplen las finalidades con las que fueron prescritos a los dependientes”.
La Consejería de Igualdad ha intentado sin éxito cubrir este vacío en el desarrollo de la Ley de Dependencia a través del Servicio de Inspección de los Servicios Sociales y del plan de actuación que se llevará a cabo hasta 2012. Dentro de él, la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de Córdoba, al igual que han hecho sus homólogas andaluzas, ha empezado por reforzar los controles que han realizado este año.
De hecho, los datos facilitados a El Semanario por la Delegación reflejan que a lo largo de 2009 ya se han inspeccionado 133 centros incluídos dentro del catálogo de servicios de la Ley de Dependencia, de los que 13 son centros ocupacionales, 64 centros residenciales para personas mayores, 17 son residencias para personas que sufren discapacidad y 39 unidades de estancia diurna.
Además, aunque en principio el plan contemplaba 25 inspecciones por cada una de las prestaciones económicas vinculadas al sistema de atención a personas dependientes, fuentes de Igualdad aseguran que desde el servicio de inspección se han ampliado a 40 supervisiones en domicilios de personas con prestación económica en el entorno familiar, 40 en domicilios de personas que reciben ayuda a domicilio y 40 en personas que tienen en sus casas el servicio de teleasistencia.
Sin embargo, y aunque las intervenciones del servicio de inspección se realizaran con cada una de las personas que tienen reconocido el derecho como dependientes, en ningún momento podrían sustituir la utilidad y el rigor que la norma da al seguimiento del estado en que se encuentran los beneficiarios de las ayudas y las prestaciones.
La prueba es que la inspección se limita básicamente a verificar que la ratio de personal o el estado de las instalaciones en los centros son los correctos conforme a la normativa; que los fondos provenientes de las prestaciones económicas se destinan al derecho de la persona de estar asistida; que la teleasistencia realiza su trabajo o que la ayuda a domicilio cumple las horas de atención estipuladas por la ley.
En ningún momento, añade una de las trabajadoras sociales consultadas, “esto podrá detectar si las actuaciones que tienen que desempeñar los cuidadores sean familiares o no, las está haciendo correctamente o si la persona dependiente ha sufrido algún tipo de evolución en su estado que recomiende una revisión en el programa de intervención que se le realizó al reconocerle el derecho como beneficiario de la Ley.
De hecho, Romero asegura que en el refuerzo de la inspección Igualdad está priorizando sobre todo aquellos casos en que detectan que una persona beneficiaria de una prestación económica para cuidados en el entorno familiar ha sido ingresado en un centro de mayores, pues dicho fraude conllevará una reclamación de la cantidad que la familia ha recibido en concepto de prestación por atender a su dependiente.
Así, a día de hoy sólo en el servicio de ayuda a domicilio el Sistema de Atención a la Dependencia puede garantizar que se esté realizando cierto control a sus profesionales pues de hecho, es el único que tiene relación directa con la administración. Además, es en el caso de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar -que aglutina el 62 por ciento de las ayudas a dependientes concedidas sólo en Córdoba-, donde existe una mayor deficiencia en el seguimiento y por tanto, donde mayores fraudes y deficiencias de atención a los dependientes se están produciendo.
La desprotección se mantiene
Aún es demasiado habitual el que haya familiares que pese a haberse comprometido a asumir el cuidado de sus dependientes, no desempeñan todas las funciones que debieran y por tanto, los enfermos acaban sufriendo una auténtica falta de atención que incluso acelera su deterioro y empeora su estado.
Además, según confirma una trabajadora social destinada en la zona de Peñarroya-Pueblo Nuevo, se siguen detectando a familiares que sacan a los ancianos del geriátrico o a las personas discapacitadas de los centros especiales para optar a la ayuda por atenderlos en casa aunque luego, terminan pagando a una persona “inmigrante y sin formación por lo general, para que asuma su responsabilidad”.
Para los profesionales que están trabajando a diario con la aplicación y los resultados de la ley de Dependencia resulta del todo sorprendente que la única forma que tiene la administración de saber que una persona está sufriendo carencias en su atención, aún teniendo un derecho reconocido, es que el propio afectado denuncie a su familia o que alguien dé la voz de alarma en algún momento.
La solución a estas situaciones, insiste Romero, vendría porque la Consejería se sentara de una vez por todas para planificar y firmar con los ayuntamientos el acuerdo que desarrolle el seguimiento de los beneficiarios de la Ley. Si bien, añade, para eso harían falta disponer de personal de refuerzo a los Servicios Sociales Comunitarios. Un gasto y una apuesta que, como ya demostró la administración autonómica en la puesta en marcha del sistema, no es ni ha sido prioritario.
Un avance hacia la calidad
La Consejería de Igualdad y Bienestar Social y los colegios de trabajadores sociales de toda Andalucía se reunirán en un plazo máximo de un mes para analizar los vacíos que está dejando la Ley de Dependencia en su desarrollo y encontrar las fórmulas más eficaces para llenarlos.
El presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Córdoba, José María Romero, ha explicado que los profesionales que están en contacto con los dependientes se han ido encontrando con realidades que no están incluidas dentro de la normativa, ante esto, “la Consejería ha mostrado su disposición a que trabajemos de la mano y podremos dar respuesta a todas las deficiencias que ahora detectamos”, añade. Además, los profesionales propondrán a Igualdad una mayor inversión en formación y la creación del obeservatorio andaluz de la dependencia como un paso más hacia la calidad del sistema.
Fuente : lacalledecordoba.com
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