El Grupo de expertos creado para analizar el sistema de Atención a la Dependencia proponen crear un nuevo impuesto sobre el patrimonio o establecer un seguro obligatorio como medidas para garantizar la financiación de los servicios.
Eliminar el copago del gasto farmacéutico o vincular los servicios de dependencia a las pensiones son otras de las propuestas incluidas en el informe que está estudiando el Ministerio de Sanidad.
El estudio ha sido presentado hoy en el Congreso de los Diputados por el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, quien ha considerado que el texto es "extraordinariamente positivo" como herramienta de evaluación de los casi tres primeros años de funcionamiento del sistema.
El informe, que no es vinculante, contiene muchas recomendaciones "algunas en las que estamos todos de acuerdo, otras con las que seguro todos estamos en desacuerdo", ha subrayado Moza.
Creado a propuesta del Congreso de los Diputados, el Grupo de expertos ha analizado la aplicación de la Ley de Dependencia y los principales pasos del despliegue del sistema y ha presentado un informe con recomendaciones para un mejor funcionamiento del sistema.
El grupo ha estado integrado por una experta en Servicios Sociales de la empresa Antares Consulting, Montserrat Cervera; el catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares, Gregorio López Cabrero y los economistas José Antonio Herce, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y Simón Sosvilla, catedrático de la Universidad Complutense.
El informe está estructurado en cuatro grandes áreas: entrada al sistema y definición de los servicios que corresponden a cada paciente; análisis de los servicios y prestaciones; coordinación entre administraciones, y financiación.
Es este último apartado en el que los expertos más cuestionan el sistema actual y proponen fórmulas para garantizar y ampliar la financiación, muchas de las cuales el Ministerio de Sanidad descarta de entrada.
Los expertos consideran que la financiación del sistema es "sin lugar a dudas la parte menos desarrollada y una de las más problemáticas".
Aseguran que las estimaciones de costes "han quedado por debajo de la realidad" hasta el punto de que las previsiones financieras disponibles "son manifiestamente inferiores" a lo que calculan estimaciones académicas.
Es entonces cuando los expertos argumentan que los servicios sociales a la dependencia "deberían formar parte de los servicios esenciales junto a la educación y la sanidad" por lo que deberían integrarse en el paquete de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Además considera imprescindible clarificar los distintos niveles de financiación que actualmente "es todo muy confuso", especialmente en el "nivel acordado" cuyo objetivo es desarrollar la oferta de las estructuras de servicios en todas las Comunidades Autónomas sin producir agravios comparativos.
Los expertos consideran que el sistema debe contar con una parte de financiación pública de "suficiente solidez", complementada con la financiación privada por medio del copago.
Es a la hora de garantizar la financiación pública de un servicio que ha desbordado las previsiones y que aún debe crecer más, cuando los expertos empiezan a plantear propuestas como la de vincular el sistema de dependencia con el de pensiones.
Entre las recomendaciones del informe también cabe destacar la de establecer presupuestos cerrados para cada nivel de dependencia, crear un impuesto subyacente sobre el patrimonio o establecer una cotización social adicional.
La posibilidad de establecer un seguro obligatorio de dependencia, eliminar la exención del copago farmacéutico, son otras de las propuestas que defienden los expertos para garantizar la financiación del sistema.
Por otra parte, en cuanto al funcionamiento del sistema de valoración de las solicitudes y la concesión de servicios, el informe destaca la necesidad de unificar los "baremos" por los que se mide el nivel de dependencia y de mejorar su precisión por ejemplo en casos de enfermedad mental.
Los expertos también consideran necesario que la valoración la realicen profesionales y que se establezca una clara diferenciación entre el equipo de valoración y el equipo de asignación de recursos.
La mayor preocupación de los expertos en este apartado es sin embargo los plazos de resolución y concesión de servicios, que actualmente pueden durar hasta un año, y la falta de un sistema homologado para la recogida de datos entre las Comunidades Autónomas.
En el apartado dedicado al análisis de los servicios y prestaciones, los expertos cuestionan también las importantes variaciones entre los servicios ofrecidos por cada Comunidad Autonoma y considera imprescindible unificar al menos las prestaciones básicas.
Cuestiona también el elevado número de prestaciones económicas que se han concedido para el cuidado en familia, cuando la Ley establece que se trata de un servicio que debe ser excepcional para potenciar la profesionalización de los cuidados.
También subraya la importancia de establecer una mayor coordinación entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, dado que el sistema actual duplica los procedimientos y el trámite burocrático y el gasto.
Fuente : adn.es
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