GALICIA - OPINION -

La ley de dependencia y el ex ministro cuestionado

Los cinco expertos a los que el Congreso encargó un informe sobre la ley de dependencia han ofrecido un sombrío y tajante diagnóstico: no es viable.

La ley estrella que pomposamente bautizó Jesús Caldera, su promotor, como el tercer pilar de la sociedad del bienestar, nació con fuegos artificiales y mucho márketing político, pero sin financiación y repleta de trampas.

Después de haber servido para lo que la hizo su mentor, conseguir votos, se ha convertido ahora en quebradero de cabeza de las comunidades autónomas, que deben financiarla en un 70%, frente al 20% del Gobierno central y el 10% del beneficiario.

Y como no hay dinero, miles de supuestos beneficiarios braman contra los políticos, mientras su autor, fuera de la primera línea política, mira para otro lado.

El goteo de noticias sobre la gestión que llevó a cabo Caldera en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es incesante.

Primero fue su alejamiento del círculo más próximo a Zapatero, quien lo relegó para un indefinido encargo de crear una macrofundación socialista que no ha pasado del enunciado.

Luego, la aplicación de la ley de dependencia, sobre la que ahora han certificado que no hay fondos y que requeriría una cotización similar a la que existe para las pensiones, que todas las comunidades, excepto Andalucía, han pospuesto a mejores tiempos y más recursos, y que en su miniaplicación actual conlleva fraudes masivos, con muertos en las listas y personas registradas por duplicado y triplicado.

Después, un demoledor informe del Tribunal de Cuentas que denunciaba múltiples irregularidades en los contratos gestionados por la Tesorería de la Seguridad Social, hasta el punto de que la Fiscalía solicitó testimonio al máximo órgano fiscalizador del Estado por ver indicios de responsabilidad penal en la enajenación de locales.

Los informes del Tribunal de Cuentas remitidos al Congreso sobre el aterrizaje de Caldera en Trabajo son, según publicaciones periodísticas, un compendio de irregularidades, reproches y denuncias en todos los organismos del departamento y en todos los capítulos de la gestión: desde la contratación de servicios hasta la enajenación de bienes.

En el capítulo del Imserso hay ejemplos de derroche de dinero público y adjudicación de viajes a monopolios encubiertos, y en el de la Tesorería de la Seguridad Social constan reprimendas por mala gestión, además de casos de despilfarro que conllevan sospechas de delito. ¿Qué seguirá?

Fuente : lavozdegalicia.es/opinion