La atención a las personas dependientes es un servicio básico, como el sanitario, del Estado del bienestar.
Partiendo de esta premisa, el Ministerio de Sanidad y Política Social rechazó ayer implantar una cotización adicional a la que existe para las pensiones para dotar de una financiación más sólida al Sistema Nacional de la Dependencia.
Esta medida, mediante la cual los trabajadores irían financiando durante su vida laboral las atenciones que tal vez requieran de mayores, era una de las propuestas formuladas por un grupo de expertos en un informe encargado por el Congreso de los Diputados. Su diagnóstico, presentado en la Comisión de Sanidad, alerta de que el gasto por esta prestación se disparará del 0,6% del PIB al 1,5% en el 2015, cuando se complete el sistema.
El Ejecutivo, según explicó ayer el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, considera que, además de ir contra la filosofía de la ley, esta cotización o impuesto adicional supondría una carga difícilmente soportable para los asalariados, teniendo en cuenta que la fiscalidad ya es elevada y la actual precariedad laboral.
Tampoco es partidario de otra medida en esa línea, ligada al sector privado, como un seguro obligatorio mediante el abono de primas (equivalentes a cotizaciones) a partir de una cierta edad o una prima única a partir de los 65 años.
COPAGO FARMACÉUTICO
Los expertos que han elaborado el informe, entre los que figuran los catalanes Montserrat Cervera, exdirectora general del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), y Guillem López Casasnovas, catedrático de la Pompeu Fabra, también han planteado otra medida rechazada una vez más por el Gobierno: eliminar la gratuidad farmacéutica para los jubilados y que continúen con la formula de copago habitual antes del retiro laboral. Proponen que esos recursos vayan destinados a atender a futuros discapacitados.
Los expertos y algunos portavoces parlamentarios denunciaron que la financiación al 50% por parte de las autonomías prevista en la ley no se corresponde con la práctica, en la que cargan con hasta el 70%, como es el caso de Catalunya, según el portavoz de ERC, Joan Tardá.
FONDOS FISCALES
Moza eludió hablar de porcentajes, pero consideró «inasumibles» algunas propuestas de los expertos y defendió que la viabilidad del sistema está asegurada con la financiación adicional que supondrá la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA).
En la futura norma, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, se incluye la prestación de servicios sociales y de la dependencia por parte de las comunidades autónomas, que –según Moza– dispondrán de una «sustanciosa cesión de impuestos» por parte del Gobierno central, con los que hacer frente a la mitad de la financiación de la dependencia.
La recaudación del IVA por las comunidades será elevada del 30% actual al 50%; la del IRPF, del 33% al 50%, y la de los impuestos especiales, del 40% al 58%, en virtud del nuevo modelo de financiación autonómica.
El secretario general de Política Social también anunció que el Gobierno creará una partida específica dentro de los presupuestos general del Estado para el 2010, que agrupará todo el gasto estatal en la materia e incluirá otros fondos del Plan E y de inversión local.
CiU y el PNV dudaron de que esta partida de la LOFCA sea suficiente para financiar un sistema en constante crecimiento, mientras parece seguro que la crisis económica disminuirá los fondos obtenidos por la recaudación fiscal en general .
RECHAZO DE CIU
Carlos Campuzano, portavoz de CiU, anunció que su grupo no apoyará la financiación de la atención a la dependencia a través de la LOFCA. Propuso un amplio acuerdo político para revisar la ley, que no votó cuando se puso en marcha hace tres años, y garantizar la sostenibilidad del sistema.
Fuente : elperiodico.com
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