El Principado figura entre las comunidades que menos salarios concede a familiares de todo el paísDe los 9.675 asturianos que tienen aprobada una prestación, sólo 893 han solicitado ayuda a domicilio
Datos a 1 de octubre
Solicitudes: 27.033 asturianos han pedido a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda que se valore su grado de dependencia. Suponen el 2,70% de las peticiones registradas en todo el país.
Dictámenes: 21.699 de los solicitantes de valoración ya ha sido examinado por los técnicos regionales. Es decir, el 80,27% del total.
Con derecho: 15.309 de las personas valoradas tienen derecho a recibir una prestación con cargo a la Ley de la Dependencia. 10.335 porque tienen una falta de autonomía de grado III, el máximo, y 4.974 porque la tienen de grado II.
Prestaciones: 9.675 de quienes tienen derecho a una prestación ya disfrutan de ella.
Es decir, el 63% del total. La mayoría, el 54,7%, ha apostado por cobrar: o bien paga para su familiar (4.843 personas) o bien dinero para financiarse un servicio en la red privada (675).
Servicios: el 45% restante de beneficiarios han apostado, en su mayoría (2.796 personas) por solicitar una plaza geriátrica. El 8,8% (893 casos) por ayuda a domicilio y el 7,5% por centro de día.
La paga triunfa sobre los servicios.
Más de la mitad de los beneficiarios de la Ley de la Dependencia en Asturias han pedido una prestación económica. La mayoría, el 48,06%, para dar un salario al familiar que le cuida. El resto, un 6,70% del total de los 9.675 asturianos que actualmente se benefician de la citada norma, para financiarse en el mercado privado el servicio que no encuentra en la red pública.
Es decir, que más de dos años después de la entrada en vigor de una ley equiparable a las que pusieron en marcha los sistemas públicos de salud y educación, la práctica demuestra que el espíritu que inspiró la norma sobre la dependencia, en la que los servicios debían primar sobre las ayudas económicas, no está siendo respetado.
De hecho, tampoco está sirviendo la ley, tal y como denuncian los propios usuarios, para fomentar lo que se buscaba con ella: lograr la autonomía personal. Por ahora, la norma se ha convertido en un mero distribuidor de pagas a las familias, de forma que la situación sigue como antes de su aprobación: con el dependiente en casa. Eso sí, con un ingreso extra para la familia que oscila entre los 300 y 519 euros al mes.
Antecedentes europeos
La lectura que hacen los responsables políticos es que la situación «es normal» y que ocurrió igual en los países europeos en los que ya llevan años de desarrollo leyes similares.
En el caso de Asturias, lo cierto es que los porcentajes, con ser elevados, sitúan a la región como una de las comunidades en la que menor prevalencia hay de las pagas frente a las prestaciones. De hecho, sólo cinco comunidades autónomas (Castilla y León, Extremadura, Madrid, País Vasco y La Rioja) presentan cifras inferiores a las registradas en la región.
Así lo refleja la última estadística del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que evidencian que en el Norte, sólo el País Vasco mejora los datos asturianos, ya que en Cantabria el reparto de pagas a familiares supera el 60% del total de prestaciones, al igual que ocurre en Galicia.
Desde la Consejería de Bienestar Social y Vivienda se ha insistido en los últimos meses en que «la prioridad son los servicios», por lo que se fomentará la discusión de los Planes Individuales de Atención (PIA) para que el beneficiario descubra las ventajas de ser atendido por un servicio profesional antes de que por un pariente sin cualificación. Porque, lo que está claro, «es que la última palabra la tiene el usuario».
El primer paro de la ley
Esa última palabra se ha traducido en que de los 9.675 beneficiarios que hay en Asturias, sólo 893 han optado por el servicio de ayuda a domicilio. Igual que ocurre con los centros de día, que se han quedado vacíos, antes de la aprobación de la ley, la ayuda a domicilio era una profesión al alza.
Ahora, el giro ha sido tal que el sector protagonizará una jornada de huelga el martes para exigir «una mejor aplicación de la ley», además de la firma del convenio colectivo. 3.500 trabajadores pararán y 12.000 usuarios no tendrán asistencia en el primer paro con cargo a la ley.
Fuente : que.es
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