El otrora inexpugnable fortín de lo público en la prestación de los servicios sociales ha empezado a sufrir sus primeras fisuras.
No dejan de ser advertencias sin mayores consecuencias a corto plazo, pero la luz roja ha comenzado a parpadear de forma fugaz. Ya lo advirtió el diputado general hace año y medio: la vaca foral corre el peligro de no dar más leche si no se buscan nuevas fórmulas de financiación.
Y ahora, tras quince meses de análisis, Xabier Agirre acaba de trazar la hoja de ruta parlamentaria para el debate entre los partidos, incorporando incluso propuestas como la del copago, para que quienes más tengan, más aporten.
Porque el presupuesto no engaña y el proyecto revela que en lo referente a tasas y precios públicos de los recursos aportados, los alaveses apenas desembolsan el 10% del coste real de los mismos.
En 2010, el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) tendrá una capacidad de gasto de 230 millones de euros -unos 38.500 millones de las extintas pesetas-, el 40% del presupuesto propio de la Diputación. De éstos, el 47% se dedica a intervención social, el 25% a personas mayores, el 17% a discapacitados y un 6% al área del menor -otro 5% es para servicios generales-.
Si complejo es decidir cómo redistribuir de la forma más equitativa posible los recursos públicos, mucho más lo es conseguir el dinero suficiente para sufragarlos.
La crisis ha puesto al desnudo las carencias del actual sistema de financiación de los servicios sociales, un modelo que acostumbrado a las vacas gordas con continuas subidas recaudatorias por tributos concertados pagaba todas las rondas en un alarde de músculo financiero.
Ahora, en plena recesión, parece que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero a pesar del desplome de los ingresos las necesidades sociales siguen siendo incluso mayores que antes por el creciente envejecimiento de la población, y la entrada en vigor en 2007 de la Ley de Dependencia.
Esta última ha reconocido los derechos subjetivos de las personas que necesitan de otras para hacer las labores más básicas del día a día.
De los 230 millones que gastará el IFBS, 206 (un 90%) proceden de transferencias corrientes realizadas por el Departamento foral de Hacienda (140 millones), el Gobierno vasco (51) y el central (15,6). Por contra, sólo 21 millones, ni un 10%, lo hace de las tasas y precios públicos que los usuarios deben pagar por recibir un servicio (una residencia de la tercera edad, centros de día, ayuda a domicilio...).
5.000 euros la plaza pública
Unas pinceladas. La tarifa máxima que un alavés debe sufragar para tener un cama en un geriátrico de gestión pública es de 985 euros, incluso menos de la mitad que en Vizcaya y Guipúzcoa. Este escenario dará un giro de 180 grados a medio plazo ya que la nueva Ley de Servicios Sociales del País Vasco dice que deben homologarse los precios en el conjunto de la comunidad.
Pero estas tarifas se distancian mucho del coste real que esa cama, en el caso de una residencia, tiene para la Diputación. Si el centro es de gestión directa, ronda los 5.000 euros mensuales (un 70% se va en sueldos), mientras que si es concertada -alquilada a un centro privado como pueden ser la Clínica Álava o Caser-, gira en torno a los 2.400 euros. Caso aparte es la residencia Ariznavarra, de titularidad pública pero gestionada por una empresa privada. Aquí, el precio medio al mes es de 3.300 euros.
Por si no fuera poco, la Diputación ha tenido que hacer frente al desarrollo de la Ley de Dependencia, con un coste anual estimado en 120 millones de euros. Se han abierto más de 15.000 expedientes y entre otras ayudas, destacan la nómina mensual para el cuidado en el entorno familiar -de hasta 519 euros- o la aportación de hasta mil euros para buscar una plaza geriátrica en el sector privado por la inexistencia de camas públicas.
La demanda, lejos de remitir, sigue en auge. Y seguirá. Porque como adelantó EL CORREO, un estudio foral advierte de que el coste se disparará hasta los 243 millones en 2012 al incrementarse los depedientes un 18%. Ahora es el turno de la política y de su capacidad para diseñar una nueva fórmula que siga haciendo de Álava un modelo a imitar por otras administraciones.
Fuente : elcorreodigital.com
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