VIZCAYA - LA DIPUTACIÓN QUIERE RESOLVER EN UN MES

La Diputación quiere resolver las peticiones de dependencia en un mes

Agiliza los trámites y pone más medios para descargar de trabajo a los servicios sociales de los ayuntamientos

Una de cada cuatro peticiones se deniega por no cumplir los requisitos exigidos por la ley.

El Consejo de Gobierno foral aprobó ayer una modificación del decreto que regula el proceso de valoración de la dependencia. El cambio tiene como objetivo «agilizar» los trámites que están obligados a cumplimentar las personas que desean acogerse a esta ley, que entró en vigor en 2007 y que prevé ayudas para los núcleos familiares, así como para acceder a residencias o centros especiales.

Al mismo tiempo, la iniciativa «liberará de una carga de trabajo considerable» a los trabajadores sociales de los ayuntamientos, según valoró ayer el diputado del área, Juan Mari Aburto. Los servicios de base municipales han venido denunciando en los últimos tiempos su colapso por la avalancha de peticiones.

El responsable foral recordó ayer que, en un primer momento, el trámite de valoración de la dependencia se prolongaba de media, en Vizcaya, entre 7 y 8 meses. En la actualidad, este plazo se ha acortado «a algo más de dos meses». Ahora, con las innovaciones introducidas en el texto legal, las autoridades quieren que la demora en responder a las demandas de los ciudadanos no vaya más allá de un mes.

Para ello, la Diputación cambiará gran parte del proceso. Hasta la fecha, los médicos evaluaban al solicitante y, después, un trabajador municipal elaboraba lo que se conoce como informe social. Este documento recoge la situación personal del peticionario y su entorno familiar y vecinal.

Más tarde, toda esta documentación era remitida a la institución foral, que emitía un dictamen y concertaba una nueva entrevista con la persona. En esta reunión se le planteaba, si realmente tenía derecho a ello, un abanico de posibilidades a la hora de acceder a recursos residenciales o ayudas económicas.

A partir de ahora, según avanzó Aburto, el informe social lo elaborará un técnico de la Diputación. Esto «agiliza la carga burocrática» que soportan las administraciones locales. El citado estudio será redactado 'in situ', en la vivienda del posible beneficiario. A esta visita acudirá también el médico.

Ambos profesionales resolverán la solicitud en el mismo momento. «Le ofrecerán las diferentes posibilidades en ese instante, sin necesidad de prolongar más la espera», apuntó el diputado de Acción Social. Con esta modificación, Aburto afirmó que esperan reducir a la mitad el tiempo necesario para completar la burocracia. «Lo ideal es invertir un mes, y vamos a trabajar para cumplir este compromiso», prometió.
Lista de acceso a residencias

Aburto ofreció también datos precisos sobre cuántos vizcaínos han solicitado la valoración de la dependencia en los últimos dos años y medio. «Hemos recibido 39.000 expedientes», aclaró. Alrededor de 7.000 cuidadores cobran una ayuda para hacerse cargo de sus familiares. Por su parte, el 18,5% de las peticiones se han resuelto con la concesión de un grado 3 de dependencia, mientras que un 25% fueron denegadas. Por último, el diputado destacó que los servicios del departamento que dirige han sido capaces de ponerse al día en este trabajo. «Este año se ha dado respuesta a más solicitudes que las que ha habido, es decir, hemos sacado adelante un buen número de casos que estaban pendientes», celebró.

Por otro lado, Aburto informó también de la modificación del decreto que regula las listas de espera para el acceso a residencias. Hasta la fecha, los ingresos se realizaban atendiendo al orden de solicitud. A partir de ahora, «se priorizará a aquellas personas que tengan una mayor necesidad».

Fuente : elcorreodigital.com