La atención a la dependencia tiene un precio. En Asturias, el coste por dependiente y año es de 10.083 euros, lo que convierte al Principado en la cuarta región del país que más invierte en la atención a personas con discapacidad.
Sólo Madrid (16.750 euros por persona y año), Valencia (11.729 euros) y Extremadura (11.187 euros) gastan más, ya que Asturias supera, incluso, en 816 euros anuales a la media nacional, fijada en 9.267 euros.
La diferencia es aún más abultada si se compara el esfuerzo regional con comunidades muy cercanas, como Galicia, donde se gasta 1.883 euros menos que en el Principado, o con Murcia, donde la diferencia roza los 4.000 euros. En pesetas, hay más de 665.000 de diferencia al año entre la atención que recibe un asturiano con dependencia y un murciano en igual situación. Y más de 300.000 si se compara con la que recibe un gallego. A favor del asturiano.
Y es que, atender a las 10.529 personas que, actualmente, se benefician en Asturias de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia supone un desembolso mensual, ya sea en forma de servicios (centro de día, residencia, ayuda a domicilio o teleasistencia) o de pagas (para buscar un servicio en la red privada o como sueldo de un familiar)de 840,27 euros. El gallego se conforma con 687 euros. Y el murciano, con 512.
Aprobado de los expertos
Así lo refleja el último informe que sobre financiación y costes de la conocida popularmente como la Ley de la Dependencia, que está en vigor desde 2007, ha realizado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En el documento, presentado ayer en unas jornadas en Ciudad Real, los expertos dan un simple aprobado al Principado en el cumplimiento de esta ley, en un examen en el que suspenden Madrid, Valencia, Canarias, Murcia, Baleares y Extremadura. Incluso el propio Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), por su gestión de la ley en Ceuta y Melilla.
No obstante, el cinco 'pelao' otorgado a la región llega por aspectos más burocráticos, como carecer de nuevas leyes de servicios sociales o de un modelo de seguimiento, que de atención, ya que en cuestiones claves como el equilibrio entre prestaciones y servicios o la aportación efectiva de la comunidad autónoma recibe la máxima puntuación.
Porque la asociación de directores y gerentes de servicios sociales señala lo ya adelantado por EL COMERCIO, y es que en el último año la Consejería de Bienestar Social y Vivienda ha dado un impulso al atasco de expedientes registrado en 2008, hasta incrementar en un 112,8% el número de personas que, con derecho a beneficiarse de la ley, realmente lo hacen.
También refleja el estudio que, aunque las pagas a familiares, de las que ya se benefician más de 5.000 asturianos, suponen 24 millones de euros al año, el peso de la atención en Asturias descansa en los servicios. Así, las plazas de residencia, en la que viven 2.804 asturianos con dependencia, suponen un coste anual de casi 58 millones de euros; los centros de día, a los que acuden 854 beneficiarios de la ley, rondan los 6,5 millones de euros al año, y tener atención en casa, de la que disfrutan 1.010 dependientes, supera los 8 millones de euros al año.
Un ministerio moroso
En suma, más de 100 millones de euros al año que, según las cuentas de los expertos, son aportados casi equitativamente por las administraciones estatal y regional, con un pequeño porcentaje, del 18,6%, de los usuarios.
Y en este punto, el informe choca, frontalmente, con las tesis defendidas durante los dos últimos años por el Principado y, repetidas, ayer mismo, durante la presentación de los presupuestos para 2010 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
Y es que el documento de la asociación de directores y gerentes en servicios sociales asegura que de esos más de 100 millones de euros, 41 los pone el Ministerio de Sanidad y Política Social; 18, los usuarios, y 39,8, el Principado. Es decir, ambas administraciones aportan el 41,7 y el 39,6%, respectivamente.
Sin embargo, la consejera asturiana, Noemí Martín, volvió a repetir ayer que «el propio ministerio reconoce que no aporta ni el 30%, cuando el reparto entre ambas tenía que ser al 50%».
Lo dijo la titular de Bienestar Social y Vivienda en la presentación de sus presupuestos, que ascenderán a 423 millones, incluyendo a su organismo autónomo, Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) y de los que 267,5 serán, exclusivamente, para dependencia y discapacidad.
Es decir, el 63% de toda la disponibilidad económica de la consejería para 2010, en un montante al que el Ministerio de Sanidad y Política Social sólo aporta 42 millones. Poco más del 15%.
Esta circunstancia, aseguró Noemí Martín, «debe ser corregida», ya que «el propio ministerio reconoce que no llega al porcentaje pactado». Además de exigir que cumpla con lo que ya dice la ley, que ambas administraciones se repartirán a partes iguales el coste, Martín apuntó que «lo que debe cambiar es la aportación que realiza el ministerio por la atención a cada dependiente», que, en el denominado nivel mínimo, «ahora se diferencia por grados, pero no por servicios o prestaciones». Es decir, el Gobierno central aporta, actualmente, entre 263,93 euros y 70 por persona dependiente, entre el máximo grado y el mínimo, «pero tanto como si es para pagar a un cuidador familiar, como si es para que utilice una plaza residencial, cuando es mucho más cara la plaza», aseguró.
Fuente : elcomerciodigital.com
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